En Gibara, Holguín, las autoridades detuvieron a Yohani González, quien fue encontrado en posesión de más de 120 "bombones" de marihuana, según reportó el perfil oficialista "Cazador-Cazado". Este incidente pone en evidencia la expansión del mercado de drogas en Cuba, un fenómeno que ha crecido mientras el gobierno prioriza reprimir manifestaciones pacíficas en lugar de abordar problemas sociales como la proliferación del narcotráfico.

El reporte señala que el arresto de González fue posible gracias a una operación conjunta entre fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) y vecinos de la comunidad. La cantidad de droga incautada no solo es alarmante, sino que representa un daño social profundo para una localidad que, como muchas otras en Cuba, enfrenta una creciente vulnerabilidad ante estas actividades ilícitas.

El oficialismo asegura que los responsables de estos delitos serán juzgados con severidad, como indica la legislación vigente. Sin embargo, la realidad es que el narcotráfico se ha convertido en una práctica común en muchas zonas de la isla, evidenciando que el control de estas actividades se le ha escapado de las manos al gobierno.

El incremento de delitos relacionados con las drogas en Cuba contrasta con el uso de recursos policiales para reprimir manifestaciones pacíficas de ciudadanos que demandan mejores condiciones de vida. En lugar de concentrar sus esfuerzos en combatir delitos graves como el narcotráfico, el gobierno ha puesto mayor énfasis en sofocar protestas surgidas por la creciente miseria, los prolongados apagones y la falta de esperanza.

Este desequilibrio en las prioridades no solo deja a las comunidades vulnerables ante el tráfico de drogas, sino que también expone el deterioro del tejido social, donde cada vez más personas recurren al mercado negro como forma de subsistencia.

Aunque el gobierno se esfuerza en proyectar una imagen de control sobre la criminalidad, casos como este demuestran lo contrario. En lugares como Gibara, los vecinos se han visto obligados a colaborar directamente con las autoridades para frenar una actividad que debería ser combatida de manera más eficiente por el estado.

El narcotráfico no solo afecta a nivel local, sino que representa una amenaza para la salud pública y la estabilidad social en una Cuba donde el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales es cada vez más limitado.

Este caso de Gibara, por más impactante que parezca, es solo una muestra de un problema que el gobierno no ha podido controlar. Mientras sus prioridades sigan enfocadas en la represión política en lugar de combatir problemas estructurales como el narcotráfico, el futuro de muchas comunidades cubanas continuará en riesgo.

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