Un profesor sustituto de una escuela secundaria de San Antonio, Texas, fue apartado de su puesto después de que un estudiante hispano de 12 años denunciara que lo amenazó con llamar a la policía y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El incidente ocurrió en la secundaria Sam Rayburn, ubicada en el oeste de la ciudad, y provocó preocupación entre los familiares del menor y la comunidad escolar. Según relató su madre, Amanda San Miguel, el niño llegó a casa asustado y le pidió no regresar a la escuela tras lo sucedido.

La situación salió a la luz cuando el estudiante envió un mensaje a su madre preguntándole si podía faltar a una actividad. En el texto le explicó que un profesor sustituto había dicho que llamaría a ICE y a la policía.

“Mi hijo está bien asustado y sufre de ansiedad”, declaró San Miguel, quien aseguró que el episodio afectó emocionalmente al menor.

Según informó N+ Univision, el distrito escolar Northside ISD confirmó que recibió la denuncia y que el profesor fue retirado inmediatamente del centro. Barry Pérez, superintendente adjunto de comunicaciones del distrito, explicó que el docente quedó suspendido de sus funciones como sustituto mientras se investigaban los hechos.

La madre afirmó que posteriormente la directora de la escuela le comunicó que el profesor no continuaría trabajando para el distrito. No obstante, las autoridades escolares no ofrecieron detalles adicionales sobre el resultado de la investigación.

El caso ha generado especial inquietud porque aproximadamente el 86 % del alumnado del centro es de origen latino. La denuncia ha reavivado las preocupaciones sobre el temor que las amenazas relacionadas con las autoridades migratorias pueden provocar en menores y familias inmigrantes.

El abogado especializado en inmigración Ezequiel Hernández recordó, en declaraciones recogidas por Univision, que los niños tienen derecho a asistir a las escuelas públicas estadounidenses independientemente de su estatus migratorio.

El especialista aludió al precedente establecido por la Corte Suprema en el caso Plyler contra Doe, de 1982, que protege el acceso de los menores indocumentados a la educación pública desde el nivel elemental hasta la secundaria.

La denuncia pone de relieve el impacto que situaciones de este tipo pueden tener en la seguridad emocional de los estudiantes y en la confianza que deben encontrar en sus centros educativos.

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