El Tribunal Supremo de España rechazó el recurso del Gobierno y mantuvo la suspensión del voto para determinados ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Nietos. La medida podría afectar a 163.020 electores en las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión no quita la nacionalidad española, pero limita temporalmente el derecho al voto de las personas incluidas en el proceso judicial.

El Tribunal Supremo decidió mantener la medida después de rechazar la petición de la Abogacía del Estado, que había solicitado permitir votar a los afectados. La Fiscalía también defendió que estas personas pudieran participar en las elecciones.

El problema está relacionado con la forma en que algunos ciudadanos fueron inscritos en el censo electoral de los españoles que viven fuera del país. La Justicia revisa si determinadas inscripciones se realizaron correctamente al aplicar las normas sobre los descendientes de españoles que tuvieron que abandonar España durante la Guerra Civil y la dictadura.

Por ahora, la suspensión afecta a determinados electores, no a todas las personas que consiguieron la nacionalidad española mediante la Ley de Nietos. Tampoco significa que los afectados hayan perdido su ciudadanía.

Según los datos citados por medios españoles, hasta 163.020 personas podrían estar incluidas en la medida. Sin embargo, esa cifra no corresponde al total de beneficiarios de la Ley de Nietos y no permite saber cuántos cubanos están afectados.

Para los españoles residentes en Cuba y otros países, es importante comprobar si aparecen inscritos correctamente en el censo electoral. El periodo de consulta y reclamaciones está previsto del 12 al 19 de octubre, ambos días incluidos, según la información electoral publicada.

La consulta puede realizarse por los canales oficiales del Instituto Nacional de Estadística o en la oficina consular correspondiente. Quienes tengan dudas sobre su situación deben preguntar directamente al consulado español.

Importante: reclamar un error en el censo no significa que la persona recupere automáticamente el derecho al voto. La suspensión judicial continúa vigente para los afectados mientras se resuelve el procedimiento.

La decisión definitiva dependerá de cómo termine el proceso judicial. Hasta entonces, los beneficiarios de la Ley de Nietos deben comprobar su situación individual y no asumir que todos pueden votar o que todos están excluidos.

Fuente: El País, Cadena SER

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