La denuncia sobre una agresión al opositor cubano José Daniel Ferrer ha desatado una nueva polémica entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, con acusaciones cruzadas sobre derechos humanos.

Nelva Ortega, esposa de Ferrer, declaró que recibió información de que su esposo fue "brutalmente golpeado" por las autoridades penitenciarias y trasladado a un hospital. Ortega exigió una prueba de vida, señalando que las visitas y llamadas telefónicas le han sido negadas. Ferrer, declarado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional, fue arrestado en julio de 2021 por su participación en las protestas masivas de ese año.

El subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols, expresó su indignación ante la denuncia y pidió al gobierno cubano que permita el acceso de la familia al opositor. Nichols también reiteró el llamado a liberar a todos los presos políticos en la isla.

En respuesta, el viceministro cubano Carlos Fernández de Cossío acusó a Estados Unidos de hipocresía en materia de derechos humanos. Afirmó que Washington utiliza estas denuncias para justificar sanciones contra Cuba, calificándolas de "pretextos" similares a otros casos polémicos de la política exterior estadounidense.

Ferrer fue uno de los 75 detenidos en la Primavera Negra de 2003, un grupo de disidentes liberados en 2010 tras mediaciones de la Iglesia Católica. Actualmente, organizaciones internacionales y la embajada estadounidense en Cuba estiman que hay cerca de mil presos políticos en la isla. Sin embargo, el gobierno cubano niega estas acusaciones, argumentando que los detenidos son individuos financiados por intereses extranjeros para desestabilizar al país.

Las protestas de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión, con más de 500 manifestantes condenados a penas de hasta 25 años, según cifras oficiales. Aunque algunos han sido liberados, las detenciones por manifestaciones menores continúan, agravando las tensiones internas y con la comunidad internacional.

Estados Unidos, la Unión Europea y la Iglesia Católica han instado repetidamente al régimen cubano a liberar a los presos políticos y garantizar mayores libertades. Sin embargo, la negativa del gobierno cubano perpetúa el enfrentamiento diplomático y deja a figuras como Ferrer en una situación incierta y vulnerable.

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