El juicio contra ocho integrantes del movimiento opositor Cuba Primero continúa este miércoles en la Prisión Provincial El Típico en Las Tunas, donde comenzó la víspera en medio de un amplio operativo de seguridad. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la celebración del proceso dentro del propio centro penitenciario, al considerar que limita el acceso de familiares, observadores independientes y ciudadanos, además de generar dudas sobre el cumplimiento de las garantías procesales.

La segunda jornada del juicio contra ocho activistas vinculados al movimiento opositor Cuba Primero transcurre este miércoles en la Prisión Provincial El Típico, en Las Tunas, bajo un amplio despliegue de agentes de la Seguridad del Estado y otras fuerzas gubernamentales.

El proceso judicial comenzó el martes dentro de las instalaciones del penal, una decisión que ha sido criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Cubalex, que denuncia restricciones al acceso público y falta de transparencia durante las audiencias.

Los acusados permanecen detenidos desde marzo y abril de 2024. Según la información divulgada por Cubalex, la causa judicial está relacionada con su pertenencia al movimiento Cuba Primero y con publicaciones realizadas en redes sociales críticas hacia el Gobierno cubano. La organización sostiene que ninguno de los procesados enfrenta acusaciones por hechos violentos.

La Fiscalía solicita condenas que oscilan entre seis y nueve años de prisión. Entre las peticiones más elevadas figura la de Javier Reyes Peña, para quien se solicitan nueve años de cárcel. Otros acusados enfrentan solicitudes de entre seis y ocho años de privación de libertad: ocho años de prisión para Guillermo Carralero López y Adisbel Mendoza Barroso; siete años para Pedro Carlos Camacho Ochoa, Carlos Manuel Santiesteban Saavedra y Enrique González Infante; y seis años para Maikel Hill Ramírez.

Otro de los procesados en esta causa, Carlos Alberto McDonald Ennis, fue excarcelado bajo fianza durante el mes de junio debido al grave deterioro de su estado de salud.

Previo a la celebración del juicio —que ha sido pospuesto en varias ocasiones— los presos políticos Javier Reyes Peña y Pedro Carlos Camacho Ochoa, fueron trasladados a celdas de castigo bajo el argumento de supuestas “medidas de seguridad”, una práctica que genera preocupación por el trato recibido y las condiciones en que enfrentarán el proceso.

Las autoridades argumentaron que la celebración del juicio dentro del penal responde a dificultades logísticas y limitaciones de combustible para trasladar a los acusados hasta un tribunal ordinario. Sin embargo, la organización jurídica considera que esa explicación no justifica la limitación del carácter público que, según la legislación cubana, deben tener los procesos judiciales.

El caso ocurre en un contexto marcado por denuncias de organizaciones nacionales e internacionales sobre el aumento de la presión contra sectores opositores en la Isla. Cuba Primero, movimiento fundado por el empresario cubanoamericano Armando Labrador, promueve reformas democráticas y la celebración de elecciones libres en el país.

Mientras continúan las audiencias, familiares y activistas permanecen atentos al desarrollo del proceso, cuyo resultado podría conocerse en los próximos días. Organizaciones de derechos humanos han reiterado su llamado a garantizar el respeto al debido proceso y la integridad de los acusados durante el juicio.

Fuente: CUBALEX

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