La negativa del Estado cubano a permitir que una anciana gravemente enferma se despidiera de su hijo preso ha generado fuertes reacciones en sectores de la sociedad civil, que califican el hecho como una muestra de insensibilidad institucional y violación de derechos humanos básicos. El caso fue expuesto públicamente por la profesora y activista Alina Bárbara López Hernández, quien lo presentó como un drama humano que trasciende lo individual y refleja una práctica sistemática.

Zoila Chávez, en delicado estado de salud, solicitó sin éxito la autorización para abrazar por última vez a su hijo, José Gabriel Barrenechea, privado de libertad por motivos políticos. Según explicó López Hernández, la mujer murió sin poder reencontrarse con él, pese a reiterados ruegos dirigidos a las autoridades penitenciarias. La petición no implicaba beneficios legales ni excarcelación, sino un gesto humanitario elemental.

Barrenechea es descrito como un ciudadano pacífico, intelectual y proveniente de un entorno humilde. Su caso, de acuerdo con la profesora, no es excepcional dentro del sistema penitenciario cubano, donde cientos de familias viven situaciones similares marcadas por la separación forzada, la falta de garantías y la opacidad institucional.

El testimonio de López Hernández subraya que este episodio se inserta en un contexto más amplio de criminalización de la disidencia y uso del encarcelamiento como herramienta de control político. Diversas organizaciones independientes han denunciado reiteradamente la existencia de presos políticos y de conciencia en Cuba, así como las condiciones en que estos cumplen sus condenas.

La profesora también recordó que Cuba figura entre los países con mayor población penal per cápita a nivel mundial, una realidad que contrasta con el discurso oficial de justicia social. Señaló además que, décadas después de proclamar la conversión de cuarteles en escuelas, el país enfrenta hoy la transformación de centros educativos en instalaciones penitenciarias, en medio de una profunda crisis social y económica.

En respuesta a este escenario, un grupo de ciudadanos ha promovido una petición de ley de amnistía, dirigida a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La iniciativa busca poner fin a la prisión política y de conciencia en la Isla y ha reunido más de mil firmas de cubanos residentes dentro y fuera del país, con diversas posturas ideológicas, unidos por una demanda de carácter humanitario.

El caso de Zoila Chávez ha sido presentado como un llamado a la conciencia cívica y al respeto de la dignidad humana. Para sus denunciantes, la negativa estatal no solo cerró la posibilidad de un último abrazo, sino que expuso, una vez más, el costo humano de un sistema que prioriza la sanción política sobre la compasión y los derechos fundamentales.

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