Brasil fue el único país que se opuso a la convocatoria de una reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para analizar la situación política en Nicaragua, después de que el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminara de forma definitiva la celebración de elecciones competitivas.

La propuesta, presentada por Estados Unidos y respaldada por Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay, recibió el apoyo del resto de los miembros del Consejo Permanente de la OEA. Sin embargo, la representación brasileña consideró que convocar en este momento una reunión ministerial era una medida "prematura".

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo que la crisis nicaragüense debe tratarse desde una perspectiva política y de derechos humanos, pero rechazó que sea catalogada como una amenaza para la seguridad regional. Además, argumentó que una mayor presión diplomática podría dificultar el diálogo entre la organización hemisférica y el régimen de Managua.

En contraste, Estados Unidos defendió la necesidad de una respuesta firme por parte de la OEA. El representante del Departamento de Estado, Michael Kozak, aseguró que el régimen de Ortega ha encarcelado, exiliado y perseguido a opositores políticos, además de restringir libertades fundamentales y provocar un creciente éxodo de ciudadanos nicaragüenses.

Kozak afirmó que la situación trasciende las fronteras de Nicaragua y tiene repercusiones para toda la región, por lo que instó a los países miembros a actuar antes de que continúe el deterioro de la democracia y los derechos humanos.

Paraguay también respaldó la iniciativa y sostuvo que la OEA no puede permanecer en silencio frente a una crisis que, a su juicio, ya supera el ámbito interno del país centroamericano.

Durante la sesión participaron como invitados el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, quien fue encarcelado y posteriormente desterrado por el régimen de Ortega, y Rosa María Payá, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Payá denunció que en Nicaragua persisten las detenciones arbitrarias, la persecución política, las desapariciones forzadas y la represión contra la sociedad civil, asegurando que la población vive sin garantías para ejercer sus derechos y libertades.

La reunión de cancilleres, cuya fecha será definida por la OEA, buscará evaluar la respuesta del organismo frente a las recientes decisiones del Gobierno nicaragüense. La posición de Brasil, al desmarcarse del consenso regional, dejó en evidencia su desacuerdo con la estrategia impulsada por Washington y respaldada por la mayoría de los países del continente.

Fuente: Infobae

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