El gobierno cubano aprobó la creación de residencias privadas destinadas al cuidado de adultos mayores o personas en situación de discapacidad, según se informó en la Gaceta Oficial número 23, publicada este jueves. La normativa permite la operación de estas instalaciones bajo tres modalidades: residencias de cuidados diurnos, residencias de cuidados permanentes y residencias combinadas diurnas y permanentes.

Para establecer este tipo de negocio, los interesados deberán contar con la aprobación del Director General de Salud municipal, quien certificará que se cumplen los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP). La autoridad sanitaria será la responsable de definir los estándares de atención, garantizar la provisión de servicios médicos y estomatológicos, así como supervisar la capacitación y acreditación del personal a través de las escuelas para cuidadores. Además, el MINSAP organizará cursos especializados dirigidos a los titulares de estas residencias.

La normativa establece que los operadores deberán destinar al menos el 10 % de las plazas disponibles a personas de interés social, identificadas como vulnerables por su condición económica o de dependencia. Esta medida busca asegurar que los servicios privados también beneficien a quienes más lo necesitan.

El acuerdo también incluye incentivos económicos: se autoriza la exención del pago del arrendamiento de locales estatales utilizados para prestar el servicio durante dos años, con posibilidad de prórroga hasta tres años si la situación financiera lo requiere. Al concluir este período, los titulares del inmueble, junto con los consejos municipales, evaluarán la conveniencia de continuar con la exención, cobrar el arrendamiento o entregar el local en usufructo.

El cuidado de personas mayores ha sido tradicionalmente responsabilidad de las familias cubanas, pero la creciente emigración ha impulsado la demanda de soluciones privadas. Según la agencia Reuters, la creación de la mipyme TaTamanía en 2023 ejemplifica esta tendencia de expansión del sector privado en servicios de cuidado.

La medida fue firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en noviembre de 2025 y entrará en vigor treinta días después de su publicación, marcando un paso significativo en la participación del sector no estatal en el cuidado social en Cuba.

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