La administración de Donald Trump intensifica su estrategia de control migratorio mediante la firma de acuerdos bilaterales con países como Uganda y Honduras, con el objetivo de facilitar la deportación de migrantes que no son ciudadanos de esos países.
Estas acciones forman parte de un enfoque más estricto y coordinado para reducir la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, especialmente en su frontera sur.
Uganda se comprometió a recibir migrantes provenientes de África y Asia que hayan solicitado asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, siempre y cuando no cuenten con antecedentes penales graves.
Aunque los detalles sobre la cantidad de personas que podrían ser enviadas no han sido revelados, el acuerdo estipula condiciones específicas para garantizar que solo ciertos grupos sean deportados hacia este país africano.
Honduras aceptará varios cientos de deportados de países hispanohablantes, incluyendo familias con niños, bajo un acuerdo que podría extenderse hasta dos años. Este pacto forma parte de un conjunto más amplio de negociaciones que el gobierno estadounidense ha mantenido con otras naciones, incluyendo Panamá, Costa Rica y Ruanda, países que ya han firmado convenios para recibir migrantes de diferentes nacionalidades.
Las negociaciones continúan con otros gobiernos como España y Ecuador
mientras la administración Trump ha buscado “agresivamente” el respaldo internacional para reforzar su política migratoria. Esta estrategia recibió un impulso legal en junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo favorable que respalda la deportación a terceros países.
A pesar de la expansión de estos acuerdos, expertos en derechos humanos han advertido sobre los riesgos que enfrentan los migrantes deportados, especialmente aquellos enviados a países con condiciones políticas inestables o con registros cuestionables en materia de derechos humanos.
Organizaciones internacionales han señalado que la política podría contravenir normas de derecho internacional y acuerdos de protección de refugiados.
Dentro de los casos recientes, migrantes cubanos con antecedentes penales han sido enviados a terceros países africanos. En mayo de 2025, Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez Quiñones, junto con otros seis migrantes con condenas por homicidio, robo y agresión, fueron deportados a Sudán del Sur tras ser retenidos en una base militar en Yibuti. Por otro lado, en julio, Roberto Mosquera Del Peral y otros inmigrantes de distintas nacionalidades fueron trasladados a Esuatini, antiguo Suazilandia, también en África austral.
Con esta política, Estados Unidos ha logrado establecer un mecanismo de deportación global que involucra a al menos una docena de países, consolidando la estrategia migratoria de la administración Trump y redefiniendo los flujos de migrantes hacia terceros países en todo el mundo.
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