La crisis migratoria vuelve a colocarse en el centro del debate nacional tras la decisión de un tribunal federal de apelaciones que bloqueó la liberación inmediata de cientos de migrantes detenidos durante recientes redadas en el área de Chicago.
La resolución, dividida y polémica, deja a aproximadamente 450 personas bajo custodia, mientras continúan las batallas legales en torno al alcance del decreto de consentimiento que regula cómo puede actuar ICE durante operativos sin orden judicial.
El origen del conflicto se remonta al acuerdo alcanzado en 2022, que limita las detenciones masivas y exige que ICE presente documentación clara para cada arresto. Ese decreto se había convertido en un freno a los excesos de las operaciones migratorias, especialmente durante la ofensiva conocida como “Operación Midway Blitz”, impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump. Más de 4.000 migrantes fueron detenidos en cuestión de semanas, muchos de ellos sin claridad sobre las razones específicas de su arresto.
El mes pasado, el juez federal Jeffrey Cummings determinó que el gobierno violó el acuerdo y ordenó liberar bajo fianza a más de 600 migrantes. Sin embargo, la corte de apelaciones suspendió esa decisión, argumentando que Cummings no evaluó cada caso de forma individual, como exige la ley. Para el tribunal, el juez “excedió su autoridad”, aunque también dejó claro que el gobierno había clasificado erróneamente a todos los detenidos como sujetos a detención obligatoria.
Los abogados de los migrantes expresaron frustración por el revés, pero celebraron que la corte mantuviera la prórroga del decreto de consentimiento hasta febrero, lo cual obliga a ICE a justificar con pruebas cada arresto que realice. Indicaron además que muchos de los afectados están siendo deportados sin saber sus derechos ni sus opciones legales, una situación que califican de alarmante.
Según el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, se está recopilando información sobre cientos de arrestos adicionales que podrían haber sido realizados de manera irregular. “Trabajaremos sin descanso para que quienes fueron detenidos ilegalmente puedan volver con sus familias lo antes posible”, afirmó la abogada Keren Zwick.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha evitado pronunciarse, y la tensión crece entre comunidades migrantes que temen nuevas redadas. Lo que ocurra en las próximas semanas será clave para definir el futuro de miles de personas en Illinois y otros cinco estados afectados por el acuerdo.
Fuente: AP
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