Con la llegada de Donald Trump a un segundo mandato presidencial, el sistema de asilo en Estados Unidos ha sido suspendido, dejando a miles de personas en el limbo legal y con un futuro incierto. Desde el 20 de enero, día en que Trump asumió nuevamente el cargo, se han cancelado entrevistas programadas y se han intensificado las deportaciones inmediatas, según denuncian abogados, organizaciones humanitarias y los propios migrantes.
Personas provenientes de lugares tan diversos como Eritrea, Afganistán, Pakistán o Guatemala han llegado a la frontera sur del país con la esperanza de encontrar protección tras huir de la persecución política, religiosa o por motivos de identidad sexual. Pero las nuevas órdenes ejecutivas han cambiado radicalmente las reglas del juego.
Uno de los casos más llamativos es el de un ciudadano ruso que afirma haber sido perseguido por documentar fraude electoral en su país. Después de esperar meses en México para obtener una entrevista, su cita fue cancelada sin explicación tras la investidura de Trump. Él, junto a su esposa e hijo, fue detenido en un punto fronterizo de San Diego y deportado poco después a Costa Rica, donde nunca había estado antes. “No nos preguntaron nada. Solo nos llevaron. Nos sentimos traicionados”, contó el hombre de 36 años a la agencia AP.
La política migratoria actual se justifica con el argumento de una supuesta “invasión”, término utilizado por la administración para reforzar su postura de mano dura. Sin embargo, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han presentado demandas cuestionando la legalidad de estas medidas, calificándolas de “inéditas e inconstitucionales”.
Los abogados de migración aseguran estar operando en un entorno de confusión total. “No sabemos qué procedimiento aplicar. No hay pautas claras”, señaló Paulina Reyes-Perrariz, directora legal en San Diego del Immigrant Defenders Law Center. Según explicó, su equipo solía recibir más de una docena de llamadas diarias de solicitantes de asilo. Ahora, apenas unas pocas.
El nuevo sistema parece haberse construido para desalentar cualquier intento de ingreso por vías legales. Cientos de personas son ahora detenidas y deportadas sin audiencia, mientras otras permanecen bajo custodia del ICE a la espera de procesos inciertos. Algunas de las expulsiones están siendo canalizadas a través de acuerdos con países como Costa Rica y Panamá, que actúan como estaciones de tránsito.
Solo en los primeros meses de este año, al menos 200 migrantes fueron deportados desde Estados Unidos a Costa Rica, y otros 300 a Panamá. Las autoridades estadounidenses no han explicado con claridad los criterios utilizados para determinar estos destinos.
Mientras tanto, se espera una decisión clave de un juez federal que deberá determinar si la declaración de “invasión” puede ser revisada por los tribunales. La Casa Blanca sostiene que se trata de un asunto político fuera del alcance judicial, mientras que los defensores de derechos humanos alegan que se trata de una excusa para desmantelar el derecho al asilo.
Durante la administración de Joe Biden, los cruces irregulares en la frontera sur alcanzaron cifras récord, con hasta 10.000 detenciones diarias a finales de 2024. No obstante, desde el regreso de Trump al poder, estos números han caído de manera significativa. Para muchos, la disminución no es señal de orden, sino de miedo.
Fuente: AP
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