Una coalición de organizaciones defensoras de inmigrantes, encabezada por el grupo “Al otro lado”, presentó una demanda judicial contra el gobierno federal de Estados Unidos por lo que consideran serias violaciones al derecho de asilo.
La acción legal responde a políticas migratorias implementadas tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, las cuales han restringido severamente el acceso al asilo en la frontera sur.
Según el abogado Jesús Novo, quien representa al grupo demandante, la situación actual recuerda a lo sucedido en 2019, durante el anterior mandato de Trump, cuando también se impuso un bloqueo al derecho de solicitar asilo.
“En ese momento interpusimos una demanda parecida y ganamos; los casos fueron reabiertos porque se demostró que se habían emitido órdenes de deportación sin dar oportunidad de defensa”, afirmó Novo.
La demanda argumenta que, desde la reanudación del mandato de Trump, no se permite a las personas llegar a la frontera sur de EE.UU. y presentar solicitudes de asilo, contraviniendo así las leyes migratorias estadounidenses. Según esas leyes, toda persona que llegue a un punto fronterizo tiene derecho a presentar un argumento de “miedo creíble” para que su caso sea evaluado por un juez.
“No se trata de garantizar la aprobación de sus solicitudes”, aclaró el abogado, “sino de respetar el derecho básico a presentar su caso en corte. Lo contrario es una negación directa del debido proceso”.
El periodista Mario J. Pentón, quien ha seguido de cerca este caso, subrayó que la política actual está generando una grave desinformación. Los traficantes de personas o “coyotes” continúan prometiendo a los migrantes que podrán cruzar la frontera y pedir asilo, cuando en realidad muchos están siendo detenidos, deportados y sancionados con penalizaciones adicionales que limitan su reingreso legal.
Otro elemento clave de la demanda tiene que ver con el sistema de citas a través de la aplicación CBP One. Los demandantes sostienen que al asumir la presidencia, Trump canceló sin justificación todas las citas programadas, incluso aquellas que habían sido obtenidas de forma legal y ordenada. “Estas personas siguieron el proceso establecido y aun así vieron anuladas sus oportunidades de acceso”, denunció Novo.
“No se puede penalizar a quienes han actuado conforme a la ley. Cancelar las citas sin previo aviso ni explicación viola principios básicos de justicia administrativa”, añadió el abogado.
El caso podría sentar un importante precedente en la interpretación y aplicación de la ley de asilo en EE.UU., especialmente en contextos de endurecimiento de políticas migratorias. Mientras tanto, miles de solicitantes esperan una respuesta judicial que les permita al menos presentar su testimonio ante un juez.
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