Desde el 1 de julio de 2025, se encuentra operativo el controvertido centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, en pleno corazón de los Everglades, Ochopee (Florida).
Este lugar, levantado en menos de dos semanas con infraestructura temporal (carpas, remolques, generadores y baños portátiles) y rodeado de caimanes y pythons, fue presentado por el gobernador Ron DeSantis como un modelo de eficiencia para acelerar las deportaciones.
Una investigación del Miami Herald, citada en medios como El Nuevo Herald (13 de julio de 2025), revela que cientos de detenidos en Alligator Alcatraz no enfrentan cargos penales ni tienen antecedentes criminales en Estados Unidos.
De una lista de más de 700 personas, más de 250 están allí únicamente por infracciones migratorias. El resto incluye personas con antecedentes por delitos graves —como intento de asesinato—, así como otros con cargos pendientes, particularmente por reingreso ilegal e infracciones de tráfico. No obstante, no se detalla si cada uno de los internos tiene sentencia firme o cargos pendientes.
Las condiciones del centro han sido duramente criticadas.
Medios AP, El País y The Daily Beast recogen abundantes denuncias por parte de internos y familiares, quienes reportan falta de agua potable adecuada para bañarse o higiene bucal, comida en mal estado (incluso con gusanos), infestaciones de insectos grandes, y baños portátiles sucios que rebalsan desechos.
Un detenido expresó: “¡Como ratas en un experimento!”. También narran que la iluminación es constante, se confiscan objetos religiosos, no se ofrecen medicinas a tiempo y hay acceso limitado a abogados.
El acceso ha sido restringido para periodistas y legisladores locales, aunque recientemente se permitió una visita limitada a representantes estatales y federales, quienes estimaron la presencia de unos 900 internos .
Autoridades estatales, como Stephanie Hartman de la División de Gestión de Emergencias de Florida, niegan las acusaciones y aseguran que el lugar cumple con los estándares de detención y proporciona alimentación, agua, atención médica y acceso legal.
El origen de Alligator Alcatraz se remonta a junio de 2025, cuando el fiscal general James Uthmeier anunció su puesta en marcha sin evaluaciones ambientales previas, utilizando poderes de emergencia para expropiar el aeropuerto sin participación pública.
Esta acción costó unos 450 millones de dólares y generó denuncias de activistas y grupos medioambientales por el impacto que podría tener en los Everglades —hábitat de panteras y especies en peligro— además de alegaciones de contratos favorecidos a donantes republicanos.
Mientras tanto, defensores de los derechos humanos, legisladores demócratas y el condado Miami-Dade solicitan transparencia, inspecciones independientes y medidas para proteger los derechos de los detenidos, especialmente de quienes no enfrentan proceso penal. La discusión nacional sobre la legalidad y humanidad de esta instalación improvisada sigue abierta.
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