Una jueza federal en California ha ordenado al gobierno del presidente Donald Trump detener los arrestos migratorios indiscriminados en siete condados del estado, incluyendo Los Ángeles, tras múltiples denuncias de violaciones constitucionales y discriminación racial.
La decisión fue emitida por la jueza Maame E. Frimpong como respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. El recurso legal fue respaldado por testimonios de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes detenidos sin orden judicial, muchos de ellos seleccionados presuntamente por su color de piel o por hablar español.
Según los demandantes, los agentes de inmigración han realizado redadas en estacionamientos, lavaderos de autos, mercados de pulgas y tiendas Home Depot, donde supuestamente detenían a cualquiera que “pareciera hispano”, ignorando documentos de identidad o ciudadanía. Incluso se reportaron incidentes de abuso físico y falta de acceso a abogados, especialmente en una cárcel conocida como “B-18” en el centro de Los Ángeles.
Frimpong dictó una medida de emergencia que impide al gobierno usar características como raza, idioma o lugar de trabajo como única base para una detención migratoria. También ordenó permitir acceso legal a los detenidos todos los días de la semana y garantizar llamadas telefónicas confidenciales entre abogados y clientes.
“Existe una montaña de evidencia que indica que el gobierno federal ha estado violando derechos constitucionales”, afirmó la jueza en su fallo.
La Casa Blanca reaccionó criticando la decisión. “Ningún juez federal tiene autoridad para dictar la política migratoria”, señaló la vocera Abigail Jackson, quien acusó a la Corte de excederse en sus competencias.
Los defensores de derechos civiles, sin embargo, aplaudieron la orden. El abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, afirmó que los arrestos se han basado en prejuicios raciales, y denunció el caso de un ciudadano latino agredido por agentes de inmigración sin causa más allá de su apariencia. También señaló que los únicos trabajadores no detenidos durante una redada en un lavado de autos eran blancos.
Por su parte, el abogado del gobierno, Sean Skedzielewski, negó las acusaciones y defendió que los arrestos se realizaron con base en “paquetes individualizados” y “observación previa”, asegurando que el Departamento de Seguridad Nacional cumple con la Cuarta Enmienda.
El fallo también responde a preocupaciones sobre la falta de condiciones adecuadas en los centros de detención, donde los abogados alegan coerción hacia los migrantes para que acepten la deportación antes de hablar con un abogado. Documentos judiciales revelan que en algunos casos, los conductores de autobuses de ICE llegaron a usar sustancias químicas y bocinas para silenciar a abogados que intentaban advertir sobre derechos legales a los detenidos.
(Con información de Los Angeles Times)
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