La ciudad de Miami aprobó un polémico acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que permitirá a sus policías colaborar directamente en tareas migratorias. Aprobado por mayoría en la Comisión de la ciudad, el convenio se enmarca dentro del programa federal 287(G), que autoriza a las agencias locales a interrogar y detener a personas sospechosas de violar leyes migratorias.
Aunque solo tres oficiales han sido asignados a estas labores, por ser los únicos capacitados, el acuerdo marca un giro significativo en la relación entre la comunidad inmigrante y las fuerzas del orden.
Los comisionados Joe Carollo, Miguel Ángel Gabela y Ralph Rosado votaron a favor, mientras que Christine King y Damián Pardo se opusieron. Pardo denunció la medida como “tóxica” para la ciudad, advirtiendo que creará “un ambiente de miedo y represión” entre los migrantes, muchos de los cuales viven en situación vulnerable o están en trámites legales.
El jefe de policía Manny Morales intentó calmar las aguas, aclarando que “no habrá una persecución activa” y que la colaboración se limitará a tareas específicas en conjunto con ICE.
“La promesa de una intervención limitada no disipa el temor de quienes sienten que la frontera entre seguridad pública y persecución se vuelve difusa”, expresó Yarelis Méndez Zamora, activista y residente de Miami. En redes sociales y medios locales, numerosos inmigrantes calificaron la medida como una traición a los valores de inclusión que definen a la ciudad. Bernadette Campos, otra vecina de la zona, resumió el sentir general: “Mi policía me cuida, no me persigue por mi estatus migratorio.”
El acuerdo forma parte de una serie de medidas adoptadas recientemente en Florida para reforzar el control migratorio. En febrero, la Patrulla de Carreteras del estado también firmó un convenio con el Departamento de Seguridad Nacional, otorgándole autoridad para detener a personas por sospechas migratorias, incluso en el mar.
Esta oleada de colaboraciones responde a políticas impulsadas por la administración de Donald Trump, y se suma a redadas como la ocurrida en mayo, cuando más de 100 trabajadores fueron detenidos en una obra.
La comunidad teme que este sea solo el comienzo de una escalada que erosione la confianza entre residentes y autoridades. Aunque el jefe Morales insiste en que el impacto será limitado, el simbolismo de la decisión despierta una fuerte inquietud en una ciudad donde muchos consideran que “la migración no es un problema, sino el cimiento de su identidad".