Juan Erles González, ciudadano cubano residente en Estados Unidos desde 1995, enfrenta una posible deportación a un tercer país tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida.
González fue condenado en 2007 por el delito de conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla. Cumplió una sentencia de 18 meses de prisión y, tras su liberación, se mantuvo alejado de problemas legales, trabajando y pagando impuestos durante más de una década.
El pasado 13 de junio, durante una cita rutinaria con las autoridades migratorias en Miramar, fue detenido y trasladado a distintos centros de detención, entre ellos Krome, Glades y posteriormente uno en Texas.
Las condiciones de detención reportadas por su hija, Ana Lisse González, han sido descritas como precarias, con comunicaciones limitadas a llamadas telefónicas de 30 segundos. Debido a que Cuba no acepta el regreso de nacionales con antecedentes penales en Estados Unidos, existe la posibilidad de que sea deportado a un tercer país como México, si dicho país acepta recibirlo.
Una abogada especializada en inmigración indicó que González aún mantiene activa una orden de deportación, a pesar de haber cumplido su condena. La letrada también explicó que para concretar una deportación a un tercer país, el mismo debe aceptar formalmente a la persona expulsada. Aunque Cuba ha aceptado algunos deportados recientemente, los casos con antecedentes penales continúan siendo rechazados de manera sistemática por el gobierno cubano.
El marco legal de estas deportaciones fue reforzado el 22 de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una resolución que permite al gobierno aplicar deportaciones expeditas hacia países que no sean los de origen del migrante. La votación se resolvió con seis votos a favor y tres en contra. Este fallo revoca una orden judicial previa que exigía ofrecer a los migrantes la posibilidad de apelar sus deportaciones en los tribunales.
El caso que dio lugar a esta decisión incluyó migrantes procedentes de Myanmar, Vietnam y Cuba, quienes fueron enviados a Sudán del Sur, una nación africana en conflicto. Los abogados defensores argumentaron que estas expulsiones podrían suponer riesgo de tortura o muerte. La jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, advirtió sobre las implicaciones humanitarias de negar a los migrantes el derecho a ser escuchados en los tribunales.
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