En una operación migratoria sin precedentes, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la deportación de ocho hombres condenados por delitos graves, entre ellos los ciudadanos cubanos Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez Quiñones. Todos fueron enviados a Sudán del Sur, un país en guerra con el que no tienen vínculos, como parte de una decisión que ha generado fuertes críticas por sus implicaciones legales y humanitarias.
El alto tribunal, con mayoría conservadora, anuló una orden previa del juez federal Brian Murphy de Massachusetts, que había frenado temporalmente la deportación al considerar que los migrantes tenían derecho a impugnar su traslado a terceros países donde pudieran enfrentar tortura o tratos inhumanos. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema, emitida el 23 de junio y reafirmada este jueves, permitió que el vuelo —desviado hace semanas a una base naval en Yibuti— completara su destino final en Sudán del Sur.
Los dos cubanos deportados, Arias-Hierro y Rodríguez Quiñones, habían sido condenados por crímenes violentos en Estados Unidos y ya contaban con órdenes finales de deportación. Según el Departamento de Seguridad Nacional, ambos representaban una amenaza a la seguridad pública.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, celebró la decisión como una “victoria para el estado de derecho” y confirmó que el vuelo con los ocho hombres completaría su trayecto al día siguiente. Por su parte, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, arremetió contra el juez Murphy, a quien calificó como un “juez rebelde”, alegando que su fallo fue ignorado por la Corte.
Sin embargo, la operación ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos. Trina Realmuto, directora de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, advirtió que los deportados podrían enfrentar “encarcelamiento, tortura o incluso la muerte” al llegar a Sudán del Sur, un país sumido en una frágil situación política y humanitaria.
Dos juezas liberales de la Corte, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, disintieron, argumentando que el gobierno estaba recibiendo un trato privilegiado y que se había violado el debido proceso. La jueza Elena Kagan también expresó preocupación por la validez de la orden que permitió la deportación.
El traslado forzoso de ciudadanos cubanos a un país africano con el que no tienen ninguna relación ha generado consternación en círculos legales y políticos. Aunque el gobierno de Donald Trump ha reiterado su compromiso de expulsar a migrantes con antecedentes penales, esta operación marca un precedente al permitir deportaciones a terceros países sin lazos ni garantías mínimas de seguridad.
Con esta decisión, Arias-Hierro y Rodríguez Quiñones se convierten en los primeros cubanos deportados a Sudán del Sur bajo este mecanismo, en una medida que podría abrir la puerta a futuras expulsiones similares en medio del endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
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