El presidente Donald Trump reactivó su agenda migratoria con una nueva directiva al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para intensificar las detenciones de inmigrantes indocumentados en tres de las ciudades más pobladas y políticamente opuestas a su administración: Nueva York, Los Ángeles y Chicago.
En un mensaje publicado el 16 de junio en la red social Truth Social, Trump describió esta operación como “la deportación masiva más grande de la historia”, prometiendo una actuación implacable contra quienes considera una amenaza al orden nacional.
El mandatario justificó su decisión señalando que esas ciudades concentran a millones de inmigrantes sin papeles y afirmó que los gobiernos locales utilizan esa población para ampliar su base de votantes, manipular elecciones y fortalecer estructuras estatales que, según él, perjudican al trabajador estadounidense promedio.
Trump también acusó a los líderes demócratas de fomentar el caos y la inseguridad al proteger a inmigrantes que, en su opinión, afectan negativamente la economía y el tejido social del país.
La reacción ciudadana no se hizo esperar. En ciudades como Miami y Los Ángeles, miles de personas se manifestaron en contra de las redadas. Durante la celebración del “No Kings Day” en California, la tensión escaló al punto que la alcaldesa Karen Bass decretó un toque de queda en el centro de Los Ángeles.
El gobernador Gavin Newsom expresó un firme rechazo a la intervención federal, asegurando que se trata de una política punitiva y discriminatoria. La confrontación entre la administración estatal y la Casa Blanca ha derivado en una batalla judicial que podría escalar hasta la Corte Suprema.
Aunque el discurso de Trump ha sido frontal, incluso provocador, también ha reconocido los efectos colaterales de su estrategia migratoria. En una conferencia reciente, admitió que no se puede deportar a todos los trabajadores del campo, especialmente en zonas donde muchos llevan décadas laborando. Por eso ordenó a ICE no intervenir en sectores como la agricultura, la hostelería y los restaurantes, que dependen ampliamente de la mano de obra inmigrante.
“Los inmigrantes representan hasta el 50 por ciento de la fuerza laboral en sectores estratégicos como la construcción, manufactura, agricultura y servicios. Su aporte fiscal anual supera los 80.000 millones de dólares. En lugares como Homestead, en Florida, la actividad agrícola se ha reducido drásticamente, mientras el miedo y la incertidumbre han paralizado comunidades enteras”, alertan organizaciones locales.
ICE enfrenta limitaciones estructurales importantes. Con menos de 6.000 agentes a nivel nacional, la agencia carece del personal suficiente para ejecutar una campaña de deportaciones masivas como la anunciada. Además, los centros de detención ya operan por encima del 120 por ciento de su capacidad. Ante esta situación, el gobierno ha solicitado fondos adicionales, estudia reabrir instalaciones cerradas y establecer acuerdos con entidades privadas para ampliar la red de detención.
La nueva ofensiva migratoria de Trump sitúa nuevamente el tema en el centro del debate político estadounidense, con efectos directos en la estabilidad social, la economía nacional y los derechos de millones de personas que forman parte del tejido productivo y humano del país.