Una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) podría abrir una vía legal para miles de migrantes cubanos que ingresaron por la frontera sur de Estados Unidos y fueron liberados bajo el formulario I-220A, un documento que hasta ahora los ha dejado fuera de los beneficios de la Ley de Ajuste Cubano.
Aunque la decisión no menciona directamente a quienes poseen un I-220A, los argumentos legales utilizados en el caso —relacionado con otro migrante cubano— fortalecen el reclamo de quienes han sido excluidos del estatus de “parole”, un requisito esencial para acceder a la residencia permanente bajo la ley especial para cubanos.
El fallo señala que los migrantes que solicitaron admisión en la frontera debieron ser procesados bajo la sección 235 de la Ley de Inmigración, lo que habría requerido su liberación mediante un “parole” y no con un I-220A, como ocurrió en muchos casos. Este matiz legal ha sido recibido como una oportunidad clave por abogados de inmigración que buscan cambiar el estatus de sus clientes.
“Ya no es solo una interpretación de los abogados. Ahora tenemos una decisión de la BIA que puede usarse como base legal”, explicó la abogada de inmigración Rosaly Chaviano, con sede en Miami.
El “parole” migratorio permite a ciertos extranjeros entrar y permanecer en EE.UU. de forma legal por razones humanitarias o de interés público. Para los cubanos, obtener un parole es el punto de partida para beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano, que les permite aplicar a la residencia tras un año y un día en territorio estadounidense.
Sin embargo, quienes fueron liberados con un I-220A han enfrentado rechazos constantes al intentar acogerse a esa ley, ya que ese formulario no ha sido reconocido como equivalente a un parole. Con este nuevo precedente, abogados como Chaviano consideran que podrán argumentar ante los jueces que esa liberación fue incorrecta desde el punto de vista legal.
“Esto nos permite presentar mociones en corte y apelar rechazos previos. También se puede pedir la corrección del historial migratorio para que se reconozca la liberación como parole”, detalló la letrada.
Además, el fallo podría ser útil para quienes ya tienen entrevistas programadas para la residencia. Con este respaldo legal, los abogados podrían fortalecer los expedientes de sus clientes ante USCIS.
No obstante, el mismo dictamen incluye un punto que genera preocupación: la Junta concluyó que los liberados con un I-220A no tienen derecho automático a fianza si son detenidos por ICE. Esto los deja en una posición vulnerable ante cualquier problema legal o acción migratoria inesperada.
“Hemos visto casos en los que ICE detiene a una persona en el momento en que acude a una cita programada. Si no hay derecho a fianza, el riesgo es mayor”, advirtió Chaviano.
Por ahora, la implementación de este fallo no es automática. Cada caso deberá ser presentado individualmente, y dependerá de cómo los abogados usen esta nueva herramienta jurídica. Aun así, representa un giro esperanzador tras años de incertidumbre para miles de migrantes cubanos.
En respuesta al fallo, organizaciones proinmigrantes ya están planificando talleres y consultas para informar a quienes llegaron con I-220A sobre sus nuevas opciones legales.
“Cada caso es diferente, pero ahora tenemos una base sólida para trabajar”, concluyó Chaviano.
Fuente: Telemundo Miami