En Cuba, la receta para resolver cualquier problema económico siempre parece ser la misma: más inspectores, más policías y más multas. La reciente ofensiva en Matanzas es un ejemplo claro de cómo el régimen sigue apostando por el control y la represión administrativa como sustituto de la producción y el desarrollo económico.
Según informó Noel Sánchez Roque, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, en la ciudad de Matanzas se desplegaron 432 inspectores de diversos organismos junto a la Policía Nacional Revolucionaria para “supervisar” negocios estatales y privados. El resultado: 1108 inspecciones, 562 violaciones detectadas y 523 multas impuestas.
Lejos de ser una operación para mejorar la economía, esta acción se centró en perseguir cualquier desviación de las estrictas normas de precios y comercialización impuestas desde arriba. El 40,4% de las multas fueron por no respetar el Decreto Ley 30, que fija precios oficiales, mientras que otras sanciones se aplicaron por vender fuera de canales electrónicos, comercializar productos “de forma ilegal” o sobrepasar los límites de precios en alimentos como pollo, aceite, leche en polvo, detergente y pastas.
En total, se realizaron 42 ventas forzosas, se cerraron 6 negocios y se decomisaron productos. Incluso se reportaron tres casos de desacato a inspectores, que serán procesados legalmente. Todo esto con el habitual discurso oficial de que “nadie tiene derecho a lucrar con el pueblo” y que las medidas “no exigen nada fuera de la ley”.
Pero lo que el gobierno nunca admite es que este modelo de control absoluto es precisamente uno de los principales responsables del desastre económico y de la miseria generalizada. En lugar de incentivar la producción, reducir trabas y permitir que la oferta crezca para satisfacer la demanda, el régimen asfixia a emprendedores y productores con un entramado de leyes, decretos y regulaciones que castigan la iniciativa privada y la eficiencia.
Mientras en cualquier economía sana la competencia y la productividad ayudan a bajar precios, en Cuba se intenta forzarlos artificialmente, lo que genera escasez, mercado negro y corrupción. El resultado es un círculo vicioso: se persigue a los que venden más caro porque los precios oficiales son irreales, lo que provoca que cada vez menos personas quieran producir o vender; así, la oferta disminuye y los precios en la calle suben aún más.
Las inspecciones masivas, con decenas de funcionarios dedicados a fiscalizar hasta el último detalle, no solo no solucionan la crisis, sino que absorben recursos y mano de obra que podrían destinarse a actividades productivas. En lugar de promover inversión, modernización o apertura comercial, el régimen sigue apostando por el viejo método de “apretar la tuerca” y controlar hasta el último centavo que circula.
La economía cubana no colapsa por falta de inspectores, sino por falta de libertad para producir y comerciar. Mientras el país siga siendo una gigantesca máquina de multas y decomisos, la pobreza y la escasez serán las únicas industrias que funcionen con eficiencia.
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