El Tribunal Supremo Popular de Cuba ha salido a desmentir “rumores” sobre un supuesto monitoreo masivo de redes sociales por parte del Estado. Según su declaración oficial, se trata de noticias falsas, destinadas a desacreditar a las instituciones estatales. Sin embargo, esta negación resulta poco creíble, especialmente cuando la propia estructura del sistema cubano está diseñada para ejercer un control absoluto sobre la información y las comunicaciones.
Negar el espionaje estatal en redes sociales es tan absurdo como negar la existencia de la censura en los medios. En Cuba, el monopolio de las telecomunicaciones está en manos de ETECSA, una empresa controlada directamente por el Estado y supervisada por el aparato militar. Esta centralización no es casual: permite a la dictadura controlar todo lo que circula en llamadas, mensajes y redes.
A través de mecanismos como el Decreto-Ley 370 y el Decreto-Ley 35, las autoridades han justificado legalmente la vigilancia sobre el contenido que los ciudadanos publican en internet. Muchos cubanos han sido multados o citados por la policía simplemente por publicar opiniones en Facebook que resultan incómodas para el régimen. Estos hechos desmienten por completo las afirmaciones del Tribunal Supremo, que intenta lavar la imagen de un sistema represivo que opera desde las sombras.
No se trata de una cuestión de “rumores” o “noticias falsas”, sino de experiencias reales vividas por miles de cubanos. Activistas, periodistas independientes y simples ciudadanos han sido víctimas de cortes de internet selectivos, interrogatorios por publicaciones digitales y vigilancia constante. Incluso los mensajes en WhatsApp o Telegram, que deberían ser privados, han sido utilizados en procesos judiciales y represivos, lo cual indica una vigilancia profunda sobre estas plataformas.
La existencia de una sola empresa de telecomunicaciones, sin competencia y con acceso absoluto a los datos de los usuarios, facilita que el Estado actúe como un “Gran Hermano”. Desde saber quién se conecta, a qué hora, qué páginas visita, hasta qué publica y con quién interactúa, todo está al alcance de un sistema diseñado para controlar, no para servir.
Además, el llamado del Tribunal a “informarse solo por los canales institucionales” es otra forma de censura. Significa que solo debe creerse la versión oficial, cuando es precisamente esa versión la que oculta las prácticas autoritarias del régimen. En cualquier democracia, la vigilancia estatal está regulada por leyes claras y existen entidades independientes que supervisan su uso. En Cuba, en cambio, todo el aparato judicial responde a los intereses del Partido Comunista.
Negar el espionaje en redes sociales no solo es un insulto a la inteligencia de los cubanos, sino también una burla a quienes han sufrido la represión digital. El Estado cubano no solo controla el acceso a la información, también castiga a quienes la comparten libremente. Y mientras exista un solo proveedor de internet vinculado al poder político, ningún usuario estará realmente seguro.
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