Por segundo año consecutivo, el régimen cubano ha prohibido la realización del Solemne Viacrucis del Domingo de Ramos, una de las procesiones más significativas para la comunidad católica en el mundo.
La actividad, organizada por la Vicaría, tenía previsto recorrer las calles desde Línea hasta Letrán, en el barrio capitalino de El Vedado. Sin embargo, la iniciativa fue cancelada tras no recibir la aprobación oficial por parte de las autoridades.
La suspensión fue confirmada por el párroco Lester Rafael Zayas Díaz, quien informó a los fieles a través de una publicación en Facebook que el evento no contaba con el visto bueno de las instancias gubernamentales.
El sacerdote lamentó la censura y expresó su preocupación por las crecientes limitaciones que enfrenta la Iglesia para ejercer libremente su fe en espacios públicos.
Esta no es la primera vez que la comunidad católica en Cuba se enfrenta a este tipo de restricciones. En 2024, la misma zona del Vedado fue escenario de otra prohibición, esta vez relacionada con la procesión del Santo Entierro, también parte de las celebraciones tradicionales de Semana Santa. En esa ocasión, se argumentó una supuesta "falta de personal de seguridad", aunque el propio párroco señaló que la verdadera causa fue la disconformidad del régimen con sus homilías.
Estos hechos no son aislados. Desde años anteriores, diversas diócesis en el país han denunciado obstáculos similares. En 2019, por ejemplo, se reportaron prohibiciones de procesiones religiosas en provincias como Camagüey y Holguín. Las trabas incluyen desde negativas directas hasta maniobras burocráticas y presiones de la Seguridad del Estado.
A nivel internacional, la preocupación también ha sido expresada. En 2021, el Relator Especial de la ONU sobre libertad religiosa advirtió que el marco legal cubano es ambiguo y permite la penalización de las creencias religiosas, otorgando al Estado amplio margen para controlar e incluso suprimir las manifestaciones públicas de fe.
Estas restricciones constantes reflejan una clara violación a la libertad religiosa en Cuba. Aunque el gobierno proclama tolerancia hacia la religión, la realidad muestra que cualquier expresión de fe que implique una presencia pública o que sea considerada políticamente incómoda, es censurada.
Para muchos cubanos, practicar su religión con libertad sigue siendo un derecho limitado por un sistema que teme cualquier forma de organización o movilización fuera de su control.
La reiterada negativa a autorizar procesiones religiosas no solo limita el ejercicio del culto, sino que constituye una evidencia más de que en Cuba no existe verdadera libertad de religión.
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