En un país donde el Estado quiere regular hasta el aire que se respira, los que intentan alimentar al pueblo son tratados como delincuentes. Así ocurrió recientemente en Holguín, donde la policía detuvo un camión con 230 sacos de arroz durante un control de rutina en el punto de control de Jagueyes, en el municipio Calixto García.
La información fue difundida por el perfil de Facebook Entérate con el Cubano Fiel, conocido por su cercanía con las autoridades policiales y su afán por exhibir supuestas “victorias” contra el mercado informal. Según esta fuente, el camión provenía de Ciego de Ávila y su carga, considerada sospechosa por no “cuadrar” con su origen, llevó a que tanto los transportistas como la mercancía fueran retenidos y llevados a la estación policial para “aclaraciones”.
Pero lo que el régimen presenta como un “acto de justicia” es en realidad el reflejo grotesco de una sociedad asfixiada por la burocracia y el autoritarismo. En Cuba, producir o transportar alimentos sin el visto bueno estatal es prácticamente un crimen. El resultado: un sistema donde todo está prohibido, menos el hambre.
La llamada “Tolerancia Cero” no se aplica a los corruptos del Partido ni a los burócratas que viven de privilegios, sino a campesinos, transportistas y cuentapropistas que, ante la ineficiencia estatal, intentan llevar un plato de comida a la mesa del pueblo. En lugar de reconocerlos como parte de la solución, el régimen los trata como enemigos internos.
En Cuba, quien produce no es dueño de su producción. Todo debe ser entregado al Estado, que promete distribuirlo pero rara vez cumple. Mientras los mercados estatales están vacíos y las bodegas ofrecen migajas a precios imposibles, los verdaderos productores —muchas veces informales o alternativos— son acosados, multados, e incluso encarcelados. ¿El delito? Intentar sobrevivir en un país donde la ley está diseñada para mantener el control, no para garantizar derechos.
Esta represión económica tiene consecuencias nefastas. No solo empobrece más a quienes ya lo han perdido todo, sino que destruye cualquier incentivo para producir, comerciar o innovar. La escasez de alimentos no es producto de un bloqueo externo, sino de un sistema interno que bloquea toda iniciativa individual. Y mientras tanto, el Estado —incapaz de garantizar la alimentación básica— se dedica a perseguir a quienes, con esfuerzo y riesgo, tratan de llenar ese vacío.
La detención del camión arrocero no es un hecho aislado. Es parte de un patrón más amplio que muestra cómo la regulación absurda y la criminalización del trabajo honesto están matando lo poco que queda de economía funcional en la isla. Las autoridades lo llaman “orden”, pero en realidad es desorden institucional, es represión y hambre maquilladas con discursos de legalidad.