Una nueva meta del gobierno del presidente Donald Trump estaría poniendo en marcha un ambicioso y controvertido plan de deportaciones masivas en Estados Unidos. Según información publicada por The Washington Post, la administración busca expulsar hasta un millón de personas a lo largo de 2025, una cifra sin precedentes que ha generado preocupación entre expertos y funcionarios del ámbito migratorio.
La cifra, revelada por fuentes internas de agencias migratorias citadas por el diario, representa más del doble del récord alcanzado durante el mandato de Barack Obama en 2011, cuando se deportaron aproximadamente 400.000 personas. Si bien la propuesta ha sido mencionada de forma recurrente en reuniones privadas, muchos consideran que es poco viable, dadas las limitaciones logísticas y legales que enfrenta el sistema migratorio estadounidense.
Según el reporte, el gobierno de Trump está en conversaciones con más de 30 países para que acepten a personas deportadas que ni siquiera son ciudadanos de esos países, en un intento por acelerar las expulsiones. Esta medida ha generado críticas, ya que podría violar normativas internacionales de repatriación.
Uno de los obstáculos principales para cumplir la meta es que la mayoría de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tienen derecho a una audiencia judicial antes de ser removidos. Esto complica significativamente el proceso, ya que los tribunales migratorios enfrentan retrasos y una sobrecarga de casos.
Para sortear estas barreras, el equipo de Trump ha recurrido a una ley del siglo XIX: la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación, originalmente pensada para tiempos de guerra, permite la deportación rápida de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional. En marzo, esta normativa fue utilizada para expulsar a 238 ciudadanos venezolanos hacia El Salvador, alegando presuntos vínculos con bandas criminales como el Tren de Aragua, aunque no se presentaron pruebas que respaldaran dichas acusaciones.
Este tipo de maniobras plantea serias dudas sobre el respeto al debido proceso y los derechos humanos. Diversos analistas consultados por The Washington Post advierten que el plan no solo es difícil de implementar, sino que también podría enfrentar múltiples desafíos legales en los tribunales federales.
El enfoque migratorio de Trump ha sido una de las piedras angulares de su discurso político. Desde su primera campaña presidencial, ha prometido tomar medidas enérgicas contra la inmigración irregular, asegurando que millones de personas serían deportadas.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han comenzado a prepararse ante lo que consideran una nueva ola de persecución masiva. También alertan sobre el impacto social y humano que una medida de esta magnitud podría tener en comunidades enteras que llevan años viviendo en el país.
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