La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que estudiará dos casos históricos vinculados a la confiscación de bienes en Cuba durante los primeros años del régimen de Fidel Castro. Las demandas podrían abrir la puerta a indemnizaciones millonarias y marcar un precedente en la relación entre Washington y La Habana.
Uno de los casos involucra a la petrolera Exxon Mobil, heredera de la antigua Standard Oil, que perdió en la isla una refinería, terminales de productos y más de un centenar de estaciones de servicio a finales de los años 50. Todos estos activos fueron expropiados por el gobierno revolucionario, que los fusionó en empresas estatales.
En 1969, una comisión estadounidense certificó las pérdidas de la compañía en unos 72 millones de dólares. Con intereses acumulados y la posibilidad de una indemnización triple, Exxon sostiene que estarían en juego miles de millones de dólares. Según cifras de la propia empresa, casi 6.000 personas y compañías estadounidenses acumulan más de 1.900 millones en reclamaciones certificadas, sin contar intereses.
El segundo caso corresponde a la empresa Havana Docks Corporation, que a inicios del siglo XX construyó muelles en La Habana bajo un contrato de 99 años. Tras la revolución, esas instalaciones también fueron confiscadas. La compañía alega que, décadas después, líneas de cruceros internacionales atracaron en esos muelles sin autorización y pagaron millones de dólares al régimen cubano, mientras la empresa legítima propietaria no recibió compensación alguna.
Según la demanda, entre 2015 y 2019 cerca de un millón de turistas desembarcaron en los muelles confiscados, generando al gobierno cubano al menos 130 millones de dólares. Para Havana Docks, este es “el caso más importante en materia de política hacia Cuba que ha llegado a la Corte Suprema en décadas”.
Durante años, los presidentes estadounidenses bloquearon este tipo de demandas invocando razones de interés nacional, amparados en una cláusula de la ley Helms-Burton de 1996. Sin embargo, en 2019, la Administración de Donald Trump decidió levantar esa suspensión, lo que permitió a Exxon y a otras compañías presentar sus reclamaciones en tribunales federales.
El problema legal radica en que otra normativa previa otorga a los gobiernos extranjeros una amplia inmunidad frente a juicios en Estados Unidos. Exxon argumenta que su caso encaja en las excepciones previstas en esa ley, algo que los tribunales inferiores no han respaldado hasta ahora.
El Departamento de Justicia bajo Trump apoyó que la Corte Suprema tomara el caso, alegando que Washington tiene un “interés imperioso” en asegurar que sus ciudadanos reciban compensación por bienes expropiados y en impedir que el régimen cubano continúe beneficiándose de esas confiscaciones.
En el caso de los cruceros, las compañías alegan que el contrato original de Havana Docks expiró en 2004 y que, por tanto, no existía un derecho vigente sobre los muelles cuando comenzaron a atracar barcos en La Habana a partir de 2016. El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito en Atlanta falló a su favor, pero la compañía portuaria llevó la disputa al máximo tribunal en marzo de este año.
La decisión de la Corte Suprema podría redefinir los márgenes legales de las reclamaciones contra gobiernos extranjeros en tribunales estadounidenses y, en particular, reabrir la discusión sobre los bienes confiscados en Cuba tras 1959.
Exxon, por su parte, insiste en que el gobierno cubano nunca ha pagado compensación alguna por las propiedades expropiadas, lo que constituye una violación flagrante de normas internacionales. “Exxon ha esperado más de seis décadas justicia por las pérdidas ocasionadas por el régimen de Castro”, señaló su abogado Jeffrey Wall.
(Con información de CNN)
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