Cuba ha entrado definitivamente en fase de colapso y con ella se hunde uno de los negocios más controvertidos y frágiles de las últimas décadas: la presencia de las grandes hoteleras españolas en la Isla. El cierre total de los aeropuertos internacionales al repostaje de combustible no es un accidente coyuntural ni un problema técnico pasajero; es la fotografía más cruda de un modelo económico agotado, sostenido artificialmente durante años por subsidios petroleros, represión interna y una apuesta turística que nunca llegó a ser viable sin muletas externas.
La desaparición súbita del petróleo venezolano, agravada por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, ha dejado al régimen cubano sin energía, sin transporte, sin turistas y sin ingresos. En ese escenario desolador, cadenas como Meliá e Iberostar quedan atrapadas en una trampa que ellas mismas ayudaron a construir: hoteles de lujo levantados sobre una economía en ruinas, operando en un país donde no hay electricidad estable, ni vuelos regulares, ni personal suficiente para sostener el servicio más básico.
Durante años, estas compañías defendieron su presencia en Cuba como una inversión estratégica a largo plazo, basada en la expectativa de una apertura futura. Hoy esa narrativa se desmorona. Los niveles de ocupación son propios de un destino fallido, los ingresos no cubren costes operativos y la “compactación” turística —cerrar hoteles y hacinar turistas en los pocos que siguen abiertos— es una maniobra desesperada que evidencia la gravedad del desastre. No se trata de optimizar recursos, sino de ganar tiempo en un naufragio sin botes salvavidas.
A ello se suma un riesgo legal que ya no es abstracto. La Ley Helms-Burton pende como una espada de Damocles sobre las hoteleras españolas, muchas de las cuales operan en propiedades confiscadas. Con activos en Estados Unidos expuestos a posibles embargos, la combinación de pérdidas operativas, litigios potenciales y presión reputacional convierte a Cuba en un lastre cada vez más difícil de justificar ante accionistas e inversores.
Pero más allá de los números, hay una dimensión moral imposible de ignorar. El turismo en Cuba no está en manos de un ministerio civil, sino del conglomerado militar GAESA, que controla el sector y se queda con la mayor parte de los salarios pagados por las cadenas extranjeras.
Los trabajadores reciben sueldos de miseria, mientras el Estado —y el aparato represivo— captura los beneficios. Las mismas empresas que en Europa presumen de estándares ESG (que miden ambiente, social, gobernanza) y responsabilidad social participan en un sistema que viola convenios laborales internacionales y tolera la vigilancia política dentro de sus propios hoteles.
El éxodo masivo de cubanos ha vaciado las plantillas, la infraestructura se cae a pedazos y el régimen responde con más control y coerción. En ese contexto, seguir apostando por Cuba no es visión estratégica, es negación. Las hoteleras españolas no se enfrentan a una mala racha, sino a la implosión estructural del país donde decidieron anclar parte de su negocio.
El escenario más probable ya no es una retirada ordenada, sino una agonía prolongada: cierres silenciosos, inversiones congeladas y una presencia cada vez más simbólica. El negocio se hunde, y con cada día que pasa queda más claro que no hay rescate posible mientras Cuba siga atrapada en el mismo modelo político y económico que la llevó hasta aquí.
Fuentes: El País - Cadena Meliá
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