El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas restricciones de visado contra funcionarios y exfuncionarios de Cuba, Brasil, Granada y varios países africanos, acusados de participar en la contratación de misiones médicas cubanas que Washington considera una forma de trabajo forzoso. Las sanciones también alcanzan a sus familiares directos.
Rubio señaló que el régimen de Miguel Díaz-Canel “alquila” a sus profesionales de la salud a otros países, cobrando tarifas elevadas y entregando solo una fracción del pago a los médicos, mientras retiene el resto para las arcas estatales. “Este plan enriquece al corrupto régimen cubano y priva al pueblo cubano de atención médica esencial”, afirmó.
Entre los sancionados figuran Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, quienes, según el Departamento de Estado, desempeñaron papeles clave en la implementación del programa “Mais Médicos” mientras trabajaban en el Ministerio de Salud de Brasil. Este plan, desarrollado en cooperación con Cuba y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), fue descrito por Rubio como “una estafa diplomática desmesurada” que explotó a personal sanitario bajo el pretexto de cooperación internacional.
Las medidas se aplican también a funcionarios de Granada y de países africanos, cuyos nombres no fueron especificados. Washington acusa a estos gobiernos de ser cómplices en la explotación de médicos cubanos, instando a que el pago por servicios se haga directamente a los profesionales y no al Estado cubano.
Rubio exhortó a la comunidad internacional a condenar estas prácticas: “Hacemos un llamado a todas las naciones que defienden la democracia y los derechos humanos a unirse para enfrentar los abusos del régimen cubano y apoyar al pueblo cubano”.
Estas sanciones forman parte de una política más estricta hacia Cuba que se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Durante 2024, Estados Unidos ya había impuesto medidas similares contra funcionarios cubanos y centroamericanos vinculados a la gestión de misiones médicas. En julio, por primera vez, sancionó directamente a Díaz-Canel por violaciones graves de derechos humanos.
El Departamento de Estado subraya que las misiones médicas representan una de las principales fuentes de ingresos de la isla, pero acusa al gobierno cubano de privar a los profesionales de sus derechos laborales y de usar estos programas para sostener su aparato político y financiero.
El canciller Bruno Rodríguez rechazó de manera tajante las acusaciones, calificando las sanciones como “imposición y agresión”. A través de la red social X, afirmó que Cuba continuará enviando brigadas médicas al extranjero como parte de su política de cooperación y solidaridad, en especial hacia países con menos recursos en América Latina, el Caribe y África.
El gobierno cubano defiende que estas misiones han brindado atención sanitaria a millones de personas y que son voluntarias, mientras que Estados Unidos sostiene que los médicos trabajan bajo condiciones restrictivas, sin libertad para negociar sus contratos o permanecer en el país receptor.
El anuncio coincide con el primer informe anual de derechos humanos publicado bajo la nueva administración Trump. En él, el “trabajo forzoso auspiciado por el Estado” figura como uno de los abusos más relevantes de 2024, con las misiones médicas cubanas señaladas como un ejemplo emblemático.
Ni Granada ni los países africanos mencionados han emitido respuesta oficial a las sanciones. No obstante, la medida añade tensión a las relaciones diplomáticas y plantea un nuevo desafío para las alianzas sanitarias globales, en un contexto de crecientes disputas geopolíticas entre Washington y varios países en desarrollo.
Fuente: AFP y EFE
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