El Congreso de Estados Unidos debate un recorte sin precedentes al programa de asistencia alimentaria SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), comúnmente conocido como “food stamps” (castellanizado fustan).
La propuesta, impulsada por legisladores republicanos, contempla una reducción del 30% en el presupuesto del programa, equivalente a 300 mil millones de dólares menos hasta 2034. Esta medida dejaría fuera a millones de personas, especialmente a refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios de programas humanitarios y personas bajo protección temporal.
Entre los afectados se incluyen solicitantes de asilo, refugiados reconocidos, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), personas bajo parole humanitario, víctimas de trata de personas y otros migrantes con estatus legales temporales. “Al quedar excluidos del SNAP, estos grupos enfrentarán inseguridad alimentaria severa, agravando su ya precaria situación humanitaria”, advierten organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además de restringir el acceso a SNAP, la legislación contempla nuevas reglas más severas: se ampliarán los requisitos laborales para adultos entre 55 y 64 años, y para familias con hijos mayores de siete años. Se reducirán las excepciones aplicadas en regiones con alto desempleo y se limitará la capacidad de los estados para ofrecer cobertura flexible. Esto afectará especialmente a zonas rurales, donde muchas tiendas dependen del gasto generado por los beneficios alimentarios.
“Las familias con hijos perderían en promedio 229 dólares mensuales, mientras que la pérdida media por hogar sería de 254 dólares mensuales. Este recorte tendrá un efecto dominó negativo sobre las economías locales, aumentando la pobreza y el hambre”, señalan expertos en políticas públicas.
El plan también impone nuevas barreras para otros programas sociales como Medicaid, Medicare y ayuda educativa. Se prevé un aumento de tarifas para solicitudes de asilo y nuevos cargos a familias por la detención de sus hijos, lo que complica aún más los procesos de reunificación familiar.
Por otro lado, se incrementa drásticamente el presupuesto para el control migratorio: 110 mil millones de dólares adicionales se destinarían al fortalecimiento del ICE, triplicando su capacidad de detención y autorizando incluso la detención indefinida de familias. Asimismo, se destinarían 90 mil millones de dólares a la militarización de la frontera sur.
A pesar del recorte, ciertos grupos continuarían teniendo derecho al SNAP: adultos mayores de 65 años, personas con discapacidades, hogares con niños menores de siete años y quienes ya reciben beneficios de programas como TANF o SSI.
Los críticos de la reforma denuncian que se trata de una medida política con efectos devastadores: “En vez de proteger a los más vulnerables, esta ley los convierte en blanco de ajustes presupuestarios inhumanos”. Las consecuencias, advierten, serán duraderas y alcanzarán no solo a individuos, sino a comunidades enteras que dependen de esta red básica de protección social.
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