Gustavo Colás Castillo, conocido defensor cívico en el municipio de "Amancio Rodríguez", provincia de Las Tunas, ha vuelto a enfrentar presiones directas por parte del régimen cubano. En esta ocasión, las amenazas provienen de la mayor Mirely, jefa del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) en ese territorio.
De acuerdo con el testimonio del propio Colás, la oficial intentó ejercer presión bajo formas que, aunque no explícitamente violentas, se entienden como amenazas solapadas dirigidas a silenciarlo.
Según Colás, la oficial le recriminó por unas publicaciones realizadas en Facebook donde relataba los maltratos sufridos durante su reciente reclusión. El activista interpretó estas recriminaciones como una señal clara de que sus denuncias están generando molestias dentro del aparato represivo. En sus palabras, la mayor Mirely se refirió al hecho como “una ofensa personal”, lo que deja entrever el uso del poder estatal para resolver asuntos que deberían limitarse a la esfera pública del debate.
Además, Colás indicó que la oficial le hizo comentarios ambiguos pero preocupantes en torno a su teléfono móvil, el cual fue confiscado anteriormente por las autoridades. Según relató, ella insinuó que había “metido el brazo” para que le devolvieran el dispositivo, aunque en realidad se trata de un aparato intervenido (pinchado) por la Seguridad del Estado.
Esta afirmación fue interpretada por Colás como un intento de recordarle que están vigilándolo y que tienen control sobre su vida privada. Él mismo señaló haber sentido que, en cualquier momento, podrían volver a quitárselo.
Como parte de esa misma conversación, la mayor le pidió que dejara de publicar denuncias y aún más, que le comunicara cualquier hecho de corrupción que llegara a conocer. Esta última solicitud resulta ambigua: por un lado, aparenta ser una invitación a colaborar con las autoridades, pero por otro, puede entenderse como un modo de captar información sensible o implicarlo en procesos de delación forzada.
Colás también mencionó que la mayor Mirely no llegó sola: iba acompañada del jefe de sector de la policía, lo que refuerza la dimensión oficial de la advertencia. Esta visita conjunta puede interpretarse como una forma coordinada de hostigamiento, donde dos ramas del aparato represivo (la Seguridad del Estado y la policía uniformada) se conjugan para intimidar a un ciudadano.
“Esto no fue una conversación, fue una advertencia disfrazada de mediación. Quieren que me calle, que no denuncie más, y que me quede aislado”, expresó Colás a través de sus redes sociales, reafirmando su compromiso con la verdad y los derechos civiles en Cuba.
Este nuevo episodio muestra cómo se siguen utilizando mecanismos de control extrajudicial y vigilancia para silenciar a los activistas pacíficos en la isla, especialmente a aquellos que —como Gustavo Colás Castillo— se han convertido en referentes de resistencia cívica y moral.
Fuente: Librado Ricardo Linares García, disidente
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