La empresa estatal de telecomunicaciones ETECA anunció un nuevo “Plan Adicional” de datos móviles que estará disponible a partir del 20 de junio. Con un costo de 1.200 pesos cubanos (CUP) por 2 GB de datos, se presenta como una alternativa más económica frente a los llamados “Datos Extras” lanzados a finales de mayo.
Sin embargo, su supuesta accesibilidad es relativa: muchos cubanos apenas pueden cubrir sus necesidades básicas, y pagar por conectividad representa un lujo en un país con salarios y pensiones extremadamente bajos.
Con esta nueva oferta, ETECSA intenta responder a las críticas de sectores que denunciaban la inaccesibilidad de los planes anteriores, los cuales costaban hasta 11.760 CUP por 15 GB, una suma astronómica en la economía doméstica cubana.
No obstante, esta rebaja sigue sin resolver el problema de fondo: “el acceso a internet en Cuba continúa siendo un privilegio reservado a quienes pueden recibir recargas internacionales desde el exterior”.
El paquete más accesible, compuesto por 6 GB por 360 CUP más el Plan Adicional de 2 GB por 1.200 CUP, suma un total de 1.560 CUP mensuales por 8 GB. Esta cifra representa más del 70% del salario mínimo y supera la pensión básica.
Es decir, aunque el plan es “más barato” que otros, sigue siendo una carga significativa para la mayoría de los hogares. Además, solo puede adquirirse una vez al mes, lo que obliga a los usuarios que necesiten más datos a optar por los costosos planes adicionales o depender de recargas desde el extranjero.
A esto se suma la introducción del “Plan Sectorial” para estudiantes universitarios, que podrán acceder a 6 GB por 360 CUP. Sin embargo, este beneficio está condicionado a estar registrados previamente por las universidades, lo que ha generado confusión y exclusiones. Mientras tanto, las recargas internacionales siguen siendo la principal fuente de ingresos para Etecsa y una necesidad para los usuarios que no pueden sostener su conectividad por vías nacionales.
“Lejos de democratizar el acceso a internet, estas medidas refuerzan la dependencia económica y tecnológica del país hacia el exterior, dejando claro que en Cuba, la conectividad sigue siendo un negocio, no un derecho”. En un contexto de crisis, apagones y servicios colapsados, la información no puede ser otro privilegio de la diáspora: urge una política real de inclusión digital.
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