El estado de Florida avanza en una polémica propuesta: construir un centro de detención para inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en plena región de los Everglades, una zona inhóspita y repleta de fauna salvaje. La iniciativa, presentada por el fiscal general estatal, James Uthmeier, responde a un encargo del gobernador Ron DeSantis para ampliar las capacidades de detención migratoria del estado.
Apodada por sus impulsores como el “Alcatraz de los caimanes”, la instalación estaría ubicada en el antiguo aeródromo de entrenamiento Miami-Dade Collier, una infraestructura abandonada en medio de los humedales del sur de Florida. El entorno natural, según Uthmeier, serviría como “disuasivo natural” para evitar intentos de fuga, ya que está rodeado de caimanes, pitones y otros peligros naturales.
El fiscal aseguró que el centro podría estar operativo entre 30 y 60 días después del inicio de su construcción, con capacidad para albergar hasta 1.000 personas. La propuesta se justifica como una solución “eficiente y económica”, al reducir costos de seguridad gracias al aislamiento natural del terreno.
Pero más allá de la logística, la iniciativa ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos, activistas y organizaciones legales que advierten sobre el simbolismo y la dureza de esta medida. Se trata, dicen, de un paso más en la radicalización del enfoque antiinmigrante que ha adoptado Florida bajo la administración de DeSantis.
En lo que va de año, el estado ha implementado una serie de leyes de corte restrictivo, incluyendo sanciones a empleadores que contraten a personas sin documentos, restricciones al acceso a servicios de salud y educación para inmigrantes, y la obligación de cooperación entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Además, se ha creado un Consejo Estatal de Control Migratorio, formado por sheriffs, jefes de policía y altos funcionarios, todos bajo la dirección de una junta con miembros del gabinete de DeSantis y líderes legislativos. Este consejo coordina la aplicación de medidas migratorias a nivel local con las políticas federales de la administración Trump.
Aunque las autoridades insisten en que el centro estaría destinado a inmigrantes con antecedentes penales, no está claro cuál será el criterio para definir los casos ni qué garantías legales tendrán los detenidos. Para muchos críticos, esta es otra muestra de cómo se criminaliza la migración y se construye una narrativa donde todos los indocumentados son tratados como amenazas.
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