Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de EE.UU., se pronunció sobre el polémico caso de Dahud Hanid Ortiz, condenado por un triple crimen en Madrid, entre cuyas víctimas se encontraban dos ciudadanas cubanas. El tema ha cobrado relevancia luego de que Ortiz fuera liberado en el marco de un intercambio entre el régimen de Nicolás Maduro y Washington.
En entrevista concedida a NTN24, Molano aseguró que "no podemos hablar de casos individuales", pero enfatizó que existe coordinación entre las autoridades estadounidenses competentes. “Ya sea en ese caso y en otros, hay un debido proceso”, declaró.
El ciudadano liberado fue condenado en Venezuela a 30 años por el asesinato de tres personas en España, hecho que incluyó la pérdida de las vidas de las cubanas Yuliesky González y Lianet Cabrera. El intercambio en el que fue liberado Ortiz involucró a 10 ciudadanos estadounidenses, como parte de un acuerdo entre Caracas, Washington y El Salvador a principios de julio.
Consultada sobre si Ortiz podría ser procesado en territorio estadounidense, Molano señaló que se trata de un asunto bajo investigación y que, por tanto, no se pueden compartir detalles públicamente. “Esperamos que las instituciones judiciales actúen conforme a la ley”, agregó.
La portavoz también abordó otros temas sensibles, como los informes sobre un posible reinicio de operaciones de la empresa Chevron en Venezuela. Diversos medios, incluyendo Reuters y The Wall Street Journal, han informado que el Gobierno estadounidense habría considerado permitir la reanudación de la extracción de petróleo por parte de la compañía, aunque sin que el régimen de Maduro reciba regalías ni impuestos.
Sobre esto, Molano afirmó que no ha visto evidencia concreta de que Chevron esté lista para operar nuevamente en Venezuela. “Estas licencias se manejan de forma privada entre las empresas y el Departamento del Tesoro. Pero la posición de la actual administración es no facilitar recursos al régimen de Maduro”, subrayó.
Por último, Molano se refirió brevemente al fallo de primera instancia contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien fue hallado responsable de fraude procesal y soborno en actuación penal. Reiteró la postura oficial expresada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien consideró que “el único delito de Uribe ha sido defender su patria”, y advirtió sobre el uso político de la justicia en Colombia.
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