Dos recientes deportaciones de migrantes cubanos bajo el formulario I-220B han generado conmoción entre la comunidad del sur de Florida, al dejar a menores de edad separados de sus padres en Estados Unidos.
Uno de los casos más dolorosos es el de Alían Méndez Aguilar, un joven de 28 años que vivía en North Miami con su esposa, su hija de tres años y el hijo mayor de su pareja, quien tiene serias discapacidades físicas y mentales. El 24 de abril, Méndez fue deportado a La Habana pese a su historial de buena conducta y a haber solicitado asilo político. Su ingreso al país por la frontera sur derivó en la asignación del controvertido formulario I-220B, una notificación de salida que ha sido utilizada como base para procesos de deportación inmediata.
Aunque la orden de deportación existía desde 2020, no se había ejecutado por la negativa del régimen cubano a recibirlo. Sin embargo, las autoridades migratorias lograron incluirlo en un reciente vuelo de repatriación. “Dejé todo lo que amo atrás. Lo único que quiero es regresar con mi familia”, declaró Méndez a Univisión, tras explicar que para volver necesitaría al menos dos perdones migratorios, un proceso que podría tardar años.
Su caso no es el único que ha despertado alarma. Heydi Sánchez, otra migrante cubana, fue expulsada del país dejando en Estados Unidos a su hija lactante de un año. Sánchez había llegado en 2019, se casó con un ciudadano estadounidense y había formado un hogar estable. Pero, como muchos otros cubanos, recibió un I-220B al cruzar la frontera, lo que complicó su situación legal desde el inicio.
Abogados de inmigración y organizaciones defensoras de derechos de los migrantes han criticado la aplicación de este formulario, señalando que no equivale a una orden formal de deportación firmada por un juez, y que su uso para justificar expulsiones contradice principios básicos del debido proceso.
La congresista María Elvira Salazar ha pedido revisar estos casos y aplicar un enfoque más humano que priorice la reunificación familiar. “No se puede seguir ignorando el sufrimiento de niños que se quedan sin sus padres por una medida burocrática”, expresó en declaraciones recientes.
Los expertos advierten que si no se detiene esta tendencia, cientos de familias podrían quedar divididas por años, especialmente en el caso de ciudadanos cubanos que enfrentan obstáculos adicionales para regularizar su estatus por razones políticas.
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