El médico cubano y defensor de los derechos humanos Lucio Enríquez Nodarse pidió públicamente al senador Marco Rubio que impulse la reactivación del Cuban Medical Professional Parole Program, una política migratoria estadounidense suspendida en 2017 que ofrecía protección a los profesionales de la salud cubanos que desertaban de misiones médicas en el extranjero.
A través de una carta publicada en la red social X (antes Twitter), Enríquez reconoció el papel del senador en denunciar la explotación laboral que sufren miles de galenos enviados por el régimen cubano a prestar servicios en países aliados. Sin embargo, advirtió que las prácticas abusivas no solo persisten, sino que han evolucionado para mantener el control sobre estos trabajadores.
“La reactivación de este programa permitiría a muchos profesionales una real liberación de las cadenas de la esclavitud”, señaló el activista, quien considera que el parole es “la única medida realmente efectiva” para resguardar a los médicos de la presión y represalias del régimen.
El programa fue instaurado por el gobierno de George W. Bush en 2006 y brindaba una vía legal para que médicos cubanos destinados en terceros países pudieran ingresar a Estados Unidos, evitando represalias por su decisión de abandonar las misiones. Fue eliminado por la administración de Barack Obama en 2017 como parte de un acercamiento diplomático con La Habana, lo cual generó fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
Enríquez Nodarse denunció que, pese a algunos cambios cosméticos, el régimen continúa controlando los ingresos y la libertad de movimiento de los médicos. Un ejemplo reciente citado por el activista es el de las misiones en Bahamas, donde se implementó un supuesto “pago directo” a los galenos, que en la práctica no ha cambiado la dinámica de abuso.
“La dictadura obliga a los médicos a transferir un alto porcentaje de sus ingresos a cuentas controladas por el gobierno. Quienes se niegan son expulsados de las misiones”, subrayó Enríquez. A esto se suman las consecuencias que enfrentan quienes desertan o son removidos, ya que el régimen utiliza su influencia para impedir que ejerzan la profesión en los países donde se encontraban trabajando.
Además del control económico, Enríquez advirtió sobre las presiones diplomáticas que ejerce el gobierno cubano para bloquear la reinserción laboral de los desertores en los sistemas de salud de los países anfitriones. “Estos profesionales no solo pierden su empleo, sino también la posibilidad de rehacer su vida donde fueron enviados”, denunció.
Diversas organizaciones internacionales, incluidos grupos de derechos humanos como Human Rights Watch y Freedom House, han condenado las misiones médicas cubanas por constituir una forma moderna de trata laboral, disfrazada de cooperación internacional. Estos señalamientos coinciden con los argumentos de Enríquez, quien calificó al programa de parole como una vía de protección humanitaria indispensable.
