El segundo mandato de Donald Trump ha traído consigo un endurecimiento inmediato y agresivo de las políticas migratorias. Una de las medidas más drásticas es la eliminación del período de espera de 30 días para notificar a los inmigrantes indocumentados sobre multas civiles.
Ahora, estas sanciones pueden ser enviadas directamente por correo, lo que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acelerar el proceso, incluso si los afectados deciden apelar.
Desde el 13 de junio, ICE ha enviado cerca de 10,000 notificaciones, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional .
La nueva política impone multas severas por una amplia gama de situaciones: desde entrar ilegalmente a Estados Unidos hasta incumplir órdenes de deportación o de salida voluntaria.
Las sanciones oscilan entre los $100 y los $9,970, pero pueden llegar a $998 diarios si se ignora de forma deliberada una orden de expulsión. Esta legislación, basada en leyes activadas originalmente en 1956 y reformadas en 1996, había sido utilizada por primera vez durante el primer gobierno de Trump, y ahora ha sido relanzada con mayor fuerza.
"Estamos presenciando un uso punitivo y retroactivo de la ley como instrumento de disuasión, más que como medida de justicia", denuncian expertos legales. La política permite imponer sanciones incluso a casos antiguos, retrocediendo hasta cinco años, lo que ha generado un incremento inmediato en la cantidad y severidad de las multas."
Un ejemplo dramático es el de Wendy Ortiz, una madre salvadoreña con un hijo autista ciudadano estadounidense, quien fue multada con 1,8 millones de dólares pese a no haber recibido una notificación judicial formal.
Junto a estas medidas coercitivas, el gobierno ha relanzado la aplicación CBP Home, que permite a los inmigrantes autodeportarse a través de un proceso digital. Aquellos que utilicen esta vía obtendrán condonación total de sus multas, un boleto gratuito al país de origen y un bono de salida de $1,000.
“La autodeportación es la forma más segura y económica de salir de EE.UU.”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien también advirtió que quienes no cooperen podrían enfrentar embargos y exclusión permanente.
"La amenaza no se limita a las multas. Documentos obtenidos por Reuters revelan que el gobierno estudia confiscar bienes a quienes no paguen, activando mecanismos del Departamento de Justicia y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Esta escalada afecta a 1,4 millones de personas con órdenes finales de deportación, muchas de ellas en hogares pobres o con hijos ciudadanos."
Abogados y defensores de los derechos humanos ya se preparan para una ola de demandas que cuestionen la legalidad de estas políticas, mientras crece la crítica de que Trump busca gobernar “a través del miedo”.
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