El gobierno cubano implementará un servicio en línea para tramitar y legalizar certificaciones del Registro del Estado Civil, disponible a partir del 13 de enero de 2025. Según un anuncio de Consultores y Abogados Internacionales (CONABI), esta iniciativa busca simplificar procesos burocráticos y mejorar la accesibilidad para los ciudadanos.
A través del nuevo portal web, los usuarios podrán realizar solicitudes desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, ya sea dentro o fuera del país. Entre los beneficios, destacan la eliminación de citas previas, la posibilidad de gestionar trámites las 24 horas y el monitoreo en tiempo real del estado de las solicitudes.
El costo del servicio será similar al de las gestiones presenciales: 400 CUP por la obtención del certificado y 375 CUP por la legalización, además de los sellos necesarios, cuyo valor varía según el lugar de residencia del titular. Los pagos podrán realizarse directamente en línea.
En caso de estar fuera del país, los usuarios podrán autorizar a un familiar para recoger los documentos, aunque no se especificó si este proceso será completamente digital o requerirá un poder notarial.
El servicio comenzará con una capacidad limitada de 50 solicitudes semanales como parte de una etapa piloto. Según CONABI, este período inicial permitirá ajustar y perfeccionar los mecanismos antes de expandir la capacidad de atención.
Sandra Rodríguez, directora de CONABI, calificó la iniciativa como un avance importante en la digitalización de los servicios legales en Cuba. Sin embargo, este nuevo sistema podría enfrentar desafíos relacionados con las limitaciones de conectividad y acceso a Internet que afectan a gran parte de la población.
En un contexto en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) había reconocido demoras en la legalización de documentos, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla declaró recientemente que estas dificultades han sido superadas gracias a medidas implementadas en el último año.
Aunque presentado como un paso hacia la modernización, el impacto real del servicio dependerá de la capacidad del gobierno para garantizar su accesibilidad y funcionamiento eficiente en un país con restricciones tecnológicas significativas.
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