Un incidente ocurrido el 16 de noviembre de 2025 en una sucursal de Walmart en el noroeste de Miami‑Dade, donde un cliente de 79 años mostró un arma a una empleada, no resultó en un arresto inmediato, pero meses después las autoridades localizaron y detuvieron al sospechoso tras revisar evidencia de video y recopilar testimonios.
Según Local 10, la demora en la detención se debió a los procedimientos policiales de investigación y a la necesidad de confirmar la identidad del hombre involucrado.
El sujeto, identificado como Pascual Santana, residente de Hialeah, fue arrestado el 6 de febrero de 2026 por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami‑Dade en su vivienda, en relación con el incidente que se había registrado semanas antes.
Según el informe policial, alrededor de las 11 a.m. del 16 de noviembre, Santana llegó en un scooter de movilidad a la sección de joyería de la tienda ubicada en 5851 NW 177th St., un área no incorporada del condado, y solicitó ver varias piezas de joyería al mismo tiempo. La empleada le explicó que la política de la tienda permitía mostrar solo una pieza a la vez, pero Santana se molestó y comenzó a insultarla con términos despectivos, alegando que no estaba recibiendo un buen servicio.
Tras reiterarse la política de la tienda, la situación escaló. El hombre abrió su camisa, reveló un arma de fuego que llevaba en la cintura y, apuntando con ella hacia la trabajadora, le preguntó: “¿Tienes miedo ahora?”. Ante el temor por su seguridad, la empleada retrocedió y llamó de inmediato a la seguridad de la tienda y el hombre se retiró.
Los agentes del sheriff arrestaron a Santana en su residencia semanas después. Durante la detención, él negó ser la persona del video de vigilancia y solicitó un abogado, negándose a responder preguntas sin la presencia de su defensa. Actualmente permanece detenido en el Metrowest Detention Center, bajo una fianza de 5 000 dólares, que ha rechazado pagar hasta la fecha.
La acusación contra Santana es por agresión agravada con arma de fuego, un delito grave en Florida que conlleva penas de prisión de hasta 15 años y multas significativas. Además, bajo la ley estatal denominada “10‑20‑Life”, las sanciones son aún más severas si se dispara el arma o si alguien resulta lesionado, con penas mínimas obligatorias que llegan hasta cadena perpetua dependiendo de la gravedad del hecho.
El caso ha generado un debate sobre la seguridad de los empleados frente a clientes armados y sobre cómo pequeños desacuerdos en espacios comerciales pueden escalar a situaciones potencialmente letales.
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