La administración del presidente Donald Trump anunció que reforzará las investigaciones y los procesos judiciales contra las organizaciones dedicadas al llamado "turismo de nacimiento", pese a que la Corte Suprema mantuvo vigente el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia (DOJ) aseguró que el reciente fallo del máximo tribunal no altera su estrategia para combatir a las redes que organizan el ingreso de mujeres embarazadas con el propósito de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y adquieran automáticamente la ciudadanía.

En un comunicado, la agencia sostuvo que estos esquemas no solo buscan aprovechar las leyes migratorias, sino que en numerosos casos también están asociados a violaciones de la legislación federal, incluyendo fraude migratorio, falsificación de documentos y otros delitos.

"Los esquemas de turismo de nacimiento explotan nuestras leyes de inmigración y, con frecuencia, violan nuestras leyes penales", señaló el Departamento de Justicia al reiterar que continuará priorizando este tipo de investigaciones.

La dependencia agregó que las personas y organizaciones que facilitan estas operaciones serán objeto de un mayor escrutinio y enfrentarán acciones judiciales cuando existan evidencias de actividades ilícitas. Según la postura oficial, estas redes utilizan mecanismos fraudulentos para lucrar con la obtención de beneficios migratorios.

El anuncio llega poco después de que la Corte Suprema reafirmara que la ciudadanía por nacimiento continúa protegida por la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, el Gobierno subrayó que esa decisión no impide perseguir a quienes promuevan o comercialicen servicios destinados a eludir las normas migratorias.

Para la administración Trump, el objetivo es desmantelar las organizaciones que obtienen ganancias facilitando este tipo de viajes y garantizar que las leyes migratorias sean aplicadas de forma estricta.

Las autoridades también reiteraron que el foco de las investigaciones estará dirigido principalmente contra los organizadores, intermediarios y facilitadores de estas redes, a quienes consideran responsables de explotar vacíos legales y de poner en marcha esquemas que, según el Gobierno, afectan la integridad del sistema migratorio estadounidense.

Con esta nueva ofensiva, la Casa Blanca busca reforzar su política de control migratorio y enviar un mensaje de que, aunque el derecho a la ciudadanía por nacimiento permanece intacto, las autoridades federales intensificarán las acciones contra cualquier actividad que consideren fraudulenta o destinada a obtener ese beneficio mediante prácticas ilegales.

Fuente: La Opinión

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