"El único delito es nacer en Cuba y expresarte": con ese contundente reclamo reaccionaron allegados y activistas tras conocerse que la Fiscalía General de la República de Cuba solicita entre 8 y 10 años de prisión para los creadores del canal independiente El 4tico, de Holguín.

Tras más de ocho meses bajo prisión provisional, a los jóvenes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez se les añadió recientemente el cargo de "difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires", sumando mayor severidad a un proceso que aún no cuenta con fecha de juicio fijada.

La situación judicial de los integrantes de El 4tico se suma a una lista de procesos penales emprendidos contra voces críticas y periodistas independientes en la isla.

El caso trae a colación precedentes como los de figuras del movimiento cultural rebelde, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y el músico Maykel Castillo Pérez («Maykel Osorbo»), además de acciones penales recientes hacia la activista Ana Sofía (Anna Bensi) y su madre, el comunicador Eddy Ceballos y el periodista Henry Constantín Ferreiro.

Defensores de los derechos humanos advierten que las figuras penales por desacato o difamación del Estado continúan siendo la herramienta recurrente para extender el encarcelamiento preventivo e inhibir la libre manifestación de opinión en plataformas digitales.

Las acciones contra comunicadores y miembros de la sociedad civil independiente subrayan el rigor con el que el Estado cubano continúa procesando la discrepancia pública y el activismo en las redes sociales tras las masivas protestas del 11 de julio de 2021 (11J).

La adición de cargos vinculados al desacato institucional y el honor patriótico suele utilizarse de manera sistemática en el código penal cubano para extender la prisión preventiva y severizar las sanciones.

Mientras los jóvenes de El 4tico permanecen a la espera de la apertura del juicio oral, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa continúan documentando la situación de los detenidos.

A la espera del inicio del juicio oral, activistas y familiares continúan denunciando irregularidades en el debido proceso y la presión ejercida sobre los jóvenes encarcelados por divulgar contenidos críticos.

Fuente: periodista Maylin Legañoa.

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