La nueva legislación aduanera en Cuba entra en vigor este martes con la implementación del Decreto-Ley 108, una norma que actualiza de forma integral el marco regulatorio y amplía las atribuciones de la Aduana General de la República de Cuba.

El paquete normativo, que incluye el Decreto 134 y nueve resoluciones complementarias publicadas en la Gaceta Oficial en enero de 2026, sustituye más de 40 disposiciones anteriores y establece nuevos mecanismos de control sobre el flujo de personas y mercancías.

Entre las principales novedades, la legislación otorga al jefe de la Aduana facultades para crear o eliminar unidades, autorizar regímenes especiales y decidir sobre la retención, confiscación o declaración de abandono de bienes a favor del Estado.

El texto también establece que, ante la presunción de hechos delictivos, determinadas actuaciones de la Aduana tendrán validez equivalente a las de los órganos de instrucción penal, lo que refuerza su capacidad de intervención en procesos de carácter legal.

En materia de control, la norma institucionaliza el uso de tecnologías de vigilancia en los puntos de entrada al país, incluyendo inspecciones radiológicas, sistemas de videovigilancia y apoyo de unidades caninas. Asimismo, prevé que las autoridades puedan impedir el acceso o embarque a quienes se nieguen a someterse a estos controles.

El nuevo marco se apoya en varias resoluciones que regulan aspectos específicos, como el control de mercancías, los regímenes aduaneros, el depósito temporal, el desaduanamiento y la certificación de operadores económicos autorizados, entre otros procedimientos.

No obstante, las autoridades han indicado que la normativa no modifica lo establecido en la Ley 22/2020, por lo que se mantienen las condiciones actuales para la importación de artículos personales como alimentos, medicamentos e insumos médicos, así como beneficios vigentes para determinados equipos, como plantas eléctricas.

Desde el Gobierno, la reforma ha sido presentada como un paso hacia la modernización y armonización de los procedimientos aduaneros con estándares internacionales, en línea con prácticas promovidas por la Organización Mundial de Aduanas.

La nueva legislación configura así un escenario con mayores capacidades de supervisión y control institucional sobre las operaciones aduaneras, en un contexto marcado por la actualización normativa y el refuerzo de los mecanismos de gestión en fronteras.

Fuentes: Agenda Económica Cubadebate y Periódico Cubano

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