Un grupo de vendedores procedentes de Santiago de Cuba denunció haber sufrido fuertes pérdidas económicas tras un procedimiento realizado en el municipio de Yara, en la provincia de Granma, donde aseguran que fueron obligados a vender sacos de arroz a un precio muy inferior al que pagaron por el producto.

Según relatan los afectados, el arroz fue adquirido en Yara a 210 pesos la libra con el propósito de trasladarlo hacia Santiago para abastecer pequeños kioscos privados, en un contexto marcado por la escasez de alimentos básicos y la alta demanda en los barrios. Sin embargo, durante el transporte, el cargamento fue interceptado por agentes policiales.

En un primer momento —según la versión de los comerciantes— se les informó que la mercancía sería decomisada. Más tarde, afirman, las autoridades les comunicaron que no se trataba de una confiscación definitiva, sino de una “venta obligatoria” al Estado. El pago, aseguran, se realizó mediante transferencia bancaria a razón de 70 pesos por libra, cifra que representa menos de la mitad del costo de adquisición que fue de 210 pesos la libra.

Los vendedores sostienen que el grupo estaba compuesto por alrededor de 17 personas que viajan con frecuencia a la zona oriental para comprar alimentos destinados a la reventa minorista en Santiago de Cuba. La diferencia entre el precio pagado y el recibido habría generado pérdidas significativas, afectando el capital de trabajo con el que operan.

Hasta el momento no se ha difundido una explicación oficial detallada sobre las causas legales del procedimiento ni sobre el marco normativo que habría sustentado la medida. El incidente ocurre en medio de controles más estrictos sobre la comercialización de alimentos y esfuerzos gubernamentales por contener los altos precios en el mercado informal.

En el actual escenario económico, donde el abastecimiento estatal resulta limitado y el sector privado desempeña un papel creciente en la distribución de productos, este tipo de situaciones incrementa la tensión entre autoridades y trabajadores por cuenta propia. Mientras algunos defienden las regulaciones como un mecanismo para frenar la especulación, otros advierten que medidas de este tipo pueden desalentar la iniciativa comercial y agravar la escasez.

Del perfil de Yosmany Mayeta

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