La instalación de sistemas de bombeo con energía solar en comunidades rurales de Las Tunas buscó mejorar el acceso al agua potable en zonas remotas y adoptar fuentes de energía renovable. Sin embargo, apenas a seis meses de la puesta en marcha de estos sistemas, se han registrado múltiples actos vandálicos que evidencian un alarmante aumento de la delincuencia en el país, agravada por la crisis económica generalizada.

De los 144 módulos instalados en Las Tunas, diseñados para beneficiar a más de 48,000 personas, ocho ya han sido blanco de robos. Los hechos delictivos incluyen el hurto de bombas de agua y componentes electrónicos esenciales, dejando varias estaciones fuera de servicio. Los municipios de Puerto Padre, Colombia, Jobabo y Majibacoa figuran entre los más afectados.

La ausencia de vigilancia permanente, sumada a la falta de recursos para reponer los equipos robados, ha significado que comunidades enteras vuelvan a carecer de acceso al agua. Según Marciano García García, jefe de mantenimiento de Acueducto y Alcantarillado en Jobabo, aunque en algunos casos se han implementado soluciones temporales, la falta de seguridad pone en riesgo el funcionamiento de otros módulos.

Por ejemplo, en la zona costera de Carúpano, en Puerto Padre, el robo de una bomba paralizó el suministro de agua, afectando gravemente a los habitantes. Según la delegada de la comunidad, Miriam Sanz, no solo se perdió el nuevo sistema, sino también el anterior, que había sido desmantelado. Esta situación refleja una inversión millonaria que podría convertirse en un esfuerzo fallido si no se toman medidas efectivas.

El aumento de la delincuencia en Cuba responde a un contexto de crisis económica profunda, caracterizada por la escasez de alimentos, combustible y recursos básicos. Estas penurias han llevado a que el hurto se convierta en una actividad más frecuente y que ni siquiera bienes públicos esenciales escapen de esta problemática.

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