El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) actualizó sus directrices sobre cómo determinar si un extranjero que solicita la residencia permanente podría convertirse en una carga pública para el Gobierno estadounidense.

El cambio forma parte de una nueva política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que deja atrás las regulaciones adoptadas durante la Administración Biden y amplía los elementos que pueden ser considerados por los funcionarios al evaluar determinadas solicitudes de ajuste de estatus.

La nueva normativa fue anunciada el 16 de julio de 2026 y publicada posteriormente en el Registro Federal. Su entrada en vigor está prevista para el 18 de septiembre de 2026. Las nuevas directrices de USCIS serán aplicables a los formularios I-485 sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública que sean presentados o tengan matasellos a partir de esa fecha.

La agencia sostiene que el objetivo es aplicar la disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que establece que los inmigrantes deben ser autosuficientes y evitar una dependencia significativa de beneficios públicos financiados por los contribuyentes.

¿A quién puede afectar?

La causal de carga pública se aplica a determinadas personas que solicitan ajustar su estatus a residente permanente, aunque existen numerosas categorías expresamente exentas por el Congreso.

Entre quienes pueden estar sujetos figuran determinados familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, trabajadores inmigrantes, inversionistas, trabajadores religiosos, algunos inmigrantes bajo el sistema de visas de diversidad y otras categorías migratorias.

En cambio, existen importantes excepciones. Entre ellas se encuentran los refugiados y asilados, determinados menores inmigrantes especiales, beneficiarios de VAWA y víctimas de ciertos delitos o trata de personas.

También están exentos los ciudadanos cubanos y haitianos que ajustan su estatus bajo determinadas disposiciones legales, así como los solicitantes de residencia que califican bajo la Ley de Ajuste Cubano.

Cinco factores serán evaluados

Para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública, los funcionarios de USCIS deberán analizar la totalidad de sus circunstancias.

La evaluación incluye cinco factores establecidos por la legislación: edad, salud, situación familiar, bienes, recursos y situación financiera, además de educación y habilidades.

Los funcionarios también podrán considerar la información contenida en el Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Apoyo, mediante el cual un patrocinador asume responsabilidad financiera por el inmigrante cuando corresponde.

Otro elemento relevante será el uso de determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos. Para beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026, USCIS tendrá en cuenta principalmente la asistencia pública en efectivo destinada al mantenimiento de ingresos y la institucionalización prolongada a cargo del Gobierno.

A partir de esa fecha, la agencia podrá considerar una gama más amplia de beneficios sujetos a comprobación de recursos, según las circunstancias de cada caso.

Posibles fianzas

Si un funcionario determina que un solicitante es inadmisible únicamente porque considera probable que se convierta en una carga pública, USCIS puede ofrecerle la posibilidad de presentar una fianza.

Esta garantía puede realizarse en efectivo o mediante una compañía autorizada y busca asegurar que el inmigrante no se convierta en una carga para el Gobierno. El monto será determinado considerando, entre otros factores, la posible utilización de asistencia pública durante los siguientes cinco años.

El solicitante únicamente podrá presentar el Formulario I-945, correspondiente a la fianza de carga pública, si USCIS lo invita expresamente a hacerlo mediante una Notificación de Intención de Denegación.

La nueva guía reemplazará las directrices anteriores y será de aplicación caso por caso. USCIS recalca que no se trata de una decisión automática basada en un solo factor, sino de una evaluación integral de las circunstancias de cada solicitante.

(Con información de USCIS)

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