La desesperación aumenta en el municipio granmense de Río Cauto, donde vecinos —entre ellos ancianos, personas enfermas y discapacitados— llevan más de un mes sin acceso a agua potable, obligados a caminar hasta el contaminado río Cauto o incluso hasta una laguna para conseguir el mínimo de agua para sobrevivir.

Lo que era una crisis prolongada se volvió una emergencia humanitaria tras el paso del huracán Melissa, que agravó el abandono institucional y la falta de soluciones del gobierno local.

El residente Aricel Céspedes, en el grupo de Facebook “Revolico Río Cauto”, denunció que en la comunidad de Cauto del Paso la escena se repite cada día: ancianos cargando recipientes desde un río cuya agua “no se puede tomar”, mientras otros vecinos deben recorrer largas distancias para llegar a una laguna igualmente insalubre.

Céspedes cuestionó la inacción de las autoridades:

“¿Por qué se ha hecho tan inaccesible llevar una pipa con agua potable? Es inaceptable que esto esté sucediendo y no le den ninguna solución”.

El vecino recordó que la situación no comenzó con el huracán. La turbina que abastecía al poblado lleva más de un año rota, sin que las autoridades municipales hayan gestionado su reparación. Tras las inundaciones, el río quedó totalmente contaminado, haciendo casi imposible obtener agua segura.

“Después de tanta agua, ahora tengamos que morir de sed”, lamentó.

A esto se suma el drama de personas con movilidad reducida o enfermedades crónicas, incapaces de llegar hasta las fuentes naturales. Sin embargo, según los testimonios, la dirección municipal habría priorizado otras zonas, dejando a comunidades enteras en condiciones extremas.

La falta de supervisión, respuestas y gestión efectiva ha expuesto a los vecinos a serios riesgos sanitarios, en un municipio donde la crisis del agua lleva años sin resolverse.Más de un mes después del paso de Melissa, la recuperación en Río Cauto sigue prácticamente paralizada. Las inundaciones destruyeron viviendas, pozos e infraestructuras esenciales, pero la población denuncia que la respuesta gubernamental ha sido lenta, insuficiente y poco transparente.

En medio del desastre, otra decisión generó indignación. En noviembre, las autoridades locales anunciaron que el agua “natural” destinada a los damnificados se vendería a 40 pesos por núcleo, presentada como un cobro “simbólico” para cubrir “costos logísticos”.

El anuncio fue difundido por el funcionario José Manuel Rodríguez Valdivia, quien también comunicó que los colchones entregados a los afectados tampoco serían donativos, pues “el Estado subsidia, pero no regala”, excepto en casos de asistencia social.

Para muchos residentes, estas medidas fueron incomprensibles en medio de un escenario de pérdidas severas y necesidades extremas.

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