Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos contra 15 inmigrantes indocumentados que habían sido deportados con anterioridad y que reingresaron de manera ilegal al país. Entre los acusados figura un ciudadano cubano, identificado como Sergio Perdomo Paján, cuyo caso destaca dentro de la ofensiva judicial anunciada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.

El anuncio fue realizado por la fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, quien informó que los acusados fueron localizados en distintos condados del sur del estado tras haber sido expulsados previamente de Estados Unidos. Todos enfrentan cargos federales por reingreso ilegal, un delito que puede acarrear penas de prisión.

En el caso del cubano Sergio Perdomo Paján, de 38 años, las autoridades indicaron que fue hallado en el condado de Miami-Dade en noviembre de 2025. Según la acusación, había sido deportado en 2013 y nuevamente en 2022, pero volvió a entrar al país sin autorización. Debido a supuestos antecedentes penales agravados, Perdomo Paján enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión federal, una de las penas más severas entre los acusados.

Además del ciudadano cubano, el grupo incluye inmigrantes procedentes de Guatemala, Honduras y México. Varios de ellos habían sido deportados en múltiples ocasiones antes de ser detectados nuevamente en Florida. Algunos fueron localizados en Miami-Dade, mientras otros aparecieron en los condados de Monroe, Highlands, Okeechobee, St. Lucie y Martin.

Las autoridades señalaron que el delito de reingreso ilegal tras una deportación conlleva, en términos generales, una pena máxima de dos años de prisión. Sin embargo, esa condena puede aumentar de forma significativa cuando existen antecedentes penales. En este operativo, al menos tres acusados —entre ellos el cubano Perdomo Paján— enfrentan penas mucho más altas por esa razón.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por varias agencias federales, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), sus divisiones de Operaciones de Deportación y Control de Aduanas (ERO) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). También colaboraron autoridades locales, como la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe y la Patrulla de Carreteras de Florida.

Los casos están siendo procesados por fiscales federales adjuntos y forman parte del trabajo de la recién creada Sección de Control de Delitos Fronterizos e Inmigratorios (BICE), una unidad establecida en noviembre de 2025 para reforzar la seguridad fronteriza en el sur de Florida. Según la fiscalía, desde su creación la BICE ha procesado más de 40 casos de reingreso ilegal.

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