El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha dado un nuevo golpe a la ya frágil democracia venezolana al convalidar los resultados de las recientes elecciones presidenciales, las cuales otorgan la victoria al dictador Nicolás Maduro. Este fallo, emitido por la Sala Electoral del TSJ, llega en medio de una crisis post-electoral marcada por acusaciones de fraude y manipulación, impulsadas por una oposición que insiste en que los verdaderos resultados muestran al candidato Edmundo González Urrutia como el legítimo vencedor.

Los cuestionamientos al proceso electoral se intensificaron después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen, anunciara a las pocas horas del cierre de los comicios que Maduro había ganado de manera "irreversible", a pesar de que solo el 80% de las actas habían sido escrutadas. Contrariamente, la oposición, encabezada por María Corina Machado, sostiene que González Urrutia obtuvo el 67% de los votos frente al 30% de Maduro, y publicó evidencia en línea para respaldar sus afirmaciones.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y la falta de transparencia en la publicación de los resultados desglosados por mesas, el TSJ decidió validar los resultados presentados por el CNE, lo que ha desatado una ola de protestas en todo el país. Estas manifestaciones, que exigen el respeto a la voluntad popular, han sido brutalmente reprimidas, con más de 1.500 personas detenidas hasta la fecha, incluyendo menores y personas con discapacidad, según la ONG Foro Penal.

El régimen de Maduro, lejos de escuchar las demandas del pueblo, ha respondido con más represión, anunciando la habilitación de cárceles de máxima seguridad para los manifestantes, a quienes ha tildado de "terroristas" y "delincuentes". Esta situación refleja una vez más la grave crisis política y social que atraviesa Venezuela, donde la dictadura se aferra al poder a cualquier costo, ignorando los principios democráticos y los derechos humanos básicos.

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