Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos declaró inconstitucional la política que permitía detener a migrantes sin derecho a fianza, una medida asociada a la administración de Donald Trump, al considerar que vulnera garantías básicas del debido proceso.

Un panel unánime del Segundo Circuito de Apelaciones bloqueó la aplicación de una política migratoria que permitía la detención obligatoria de inmigrantes sin posibilidad de solicitar fianza. La decisión judicial establece que esta práctica plantea serias dudas constitucionales, especialmente en lo relativo al derecho al debido proceso.

El fallo se originó a partir del caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño residente en Estados Unidos desde hace años, con solicitud de asilo en trámite y sin antecedentes penales. Da Cunha fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en 2025 y sometido a un proceso de deportación sin la posibilidad de comparecer ante un juez para solicitar libertad bajo fianza.

La opinión del tribunal fue redactada por el juez Joseph F. Bianco y respaldada por las juezas Alison J. Nathan y José A. Cabranes. En su análisis, los magistrados advirtieron que la política podría provocar un impacto masivo en el sistema migratorio, al imponer detenciones generalizadas que afectarían a millones de personas y sobrecargarían la infraestructura penitenciaria.

La normativa fue implementada mediante un memorando firmado por Todd M. Lyons en 2025, ampliando el alcance de la detención obligatoria a prácticamente todos los migrantes sin inspección previa. Este cambio supuso una ruptura con prácticas anteriores, en las que la detención sin fianza se aplicaba solo a casos específicos, como recién llegados o personas con antecedentes criminales graves.

El efecto de esta política ya había generado una ola de litigios en tribunales federales, con miles de recursos presentados por migrantes que impugnaban su detención. Según datos citados en el fallo, la mayoría de jueces federales que han analizado casos similares han rechazado la interpretación del gobierno.

Sin embargo, la decisión no es definitiva. Otros circuitos judiciales, como el Quinto y el Octavo, han respaldado la política en fallos divididos, lo que abre un conflicto jurídico que probablemente será resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la legalidad de la medida y anunció una posible apelación. En contraste, organizaciones de derechos civiles como la Unión de Libertades Civiles celebraron el fallo, destacando la protección del derecho a la libertad y al debido proceso.

El caso se convierte en un punto clave del debate migratorio en Estados Unidos y podría definir los límites legales de la detención de inmigrantes en el país.

Fuente: NBC News

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