Un gran jurado federal del Distrito Medio de Florida formalizó la imputación de 13 personas, de nacionalidades estadounidense, cubana y brasileña, por su presunta implicación en un esquema de estafa migratoria operado desde la firma Legacy Imigra Solutions LLC, entidad que habría obtenido más de 20 millones de dólares mediante el cobro de trámites legales fraudulentos a migrantes.

El expediente penal, presentado ante la sede judicial federal, atribuye a los procesados 11 cargos graves que abarcan conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos oficiales, contratación masiva de personal no autorizado y la concertación de matrimonios de conveniencia. De acuerdo con las pesquisas del Departamento de Justicia y la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, la red captaba a sus víctimas —principalmente de origen latinoamericano— ofertando gestiones ficticias de asilo, visados de trabajo y regularización dominial.

La mecánica operativa de la entidad implicaba la creación de direcciones electrónicas y postales bajo el control exclusivo de la empresa, lo que permitía a los encausados interceptar las notificaciones oficiales emitidas por los servicios de ciudadanía e inmigración. Posteriormente, la red coaccionaba a las víctimas exigiendo cobros adicionales e injustificados para entregar la documentación pertinente o liberar sus expedientes, bajo la amenaza implícita de truncar sus solicitudes legales.

Las indagaciones señalan que los principales dinamizadores del entramado utilizaban los fondos percibidos para su beneficio personal a través de plataformas financieras digitales.

Adicionalmente, el pliego acusatorio detalla la tramitación deliberada de solicitudes inconsistentes ante agencias federales y la concertación de enlaces civiles ficticios orientados a la obtención fraudulenta de residencias permanentes en territorio estadounidense.

De ser hallados culpables por los tribunales competentes, varios de los encausados podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de privación de libertad, además del eventual decomiso de activos y bienes patrimoniales vinculados a las operaciones ilícitas.

Fuente: Informe de la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida y FOX 35 Orlando.

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