Los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela han puesto bajo la lupa la calidad de las viviendas construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el programa habitacional creado por Hugo Chávez en 2011 y convertido durante años en uno de los principales emblemas sociales del chavismo.

Entre las estructuras que sufrieron los daños más severos se encuentran edificios levantados por ese programa estatal. En Caraballeda, estado La Guaira, dos de las cinco torres de la Misión Vivienda colapsaron por completo, dejando decenas de personas atrapadas bajo los escombros. La periodista Maryorin Méndez describió la escena como devastadora y aseguró que el fuerte olor proveniente de los edificios derrumbados evidencia la magnitud de la tragedia.

Especialistas en ingeniería y construcción consultados por distintos medios atribuyen el desplome de estos inmuebles al presunto empleo de materiales de baja calidad, la falta de supervisión técnica y el incumplimiento de las normas de construcción antisísmica. Las imágenes difundidas desde las zonas afectadas muestran la presencia de poliestireno expandido (EPS), conocido en Venezuela como "anime", mezclado con cemento en elementos que aparentan formar parte de la estructura de algunos edificios, un uso que ha generado fuertes cuestionamientos.

El desastre también reavivó las denuncias sobre la opacidad con la que fue ejecutado el programa habitacional. Transparencia Venezuela ha señalado en varias oportunidades que la corrupción afectó la Gran Misión Vivienda mediante contratos millonarios adjudicados a gobiernos y empresas aliadas del chavismo que, en numerosos casos, no concluyeron las obras comprometidas.

Uno de los ejemplos más citados es el convenio firmado con Bielorrusia para construir unas 10.000 viviendas. Según esas denuncias, la empresa estatal Belzarubezhstroy recibió pagos por cientos de millones de dólares, pero el proyecto quedó inconcluso tras reclamar fondos adicionales. Casos similares también fueron señalados en acuerdos con empresas vinculadas a Brasil y Uruguay.

Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro asegura haber entregado más de 5,2 millones de viviendas desde el inicio del programa, esa cifra ha sido cuestionada por diversos analistas y organizaciones independientes, que sostienen que nunca ha sido verificada de manera transparente y que el déficit habitacional del país continúa siendo elevado.

Mientras continúan las labores de rescate, también crecen las críticas de sobrevivientes. En Catia La Mar, una residente de un edificio de la Misión Vivienda denunció en redes sociales que varios de sus familiares permanecían sepultados entre los escombros y que la ayuda tardaba en llegar debido, según afirmó, a obstáculos impuestos por las autoridades.

Para muchos venezolanos, el colapso de las edificaciones construidas por el programa insignia del chavismo ha transformado una promesa de vivienda digna en un nuevo símbolo de las consecuencias que, según denuncian especialistas y organizaciones civiles, dejaron años de corrupción, falta de controles y deficiencias constructivas.

Fuente: Libertad Digital

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