El senador republicano Rick Scott presentó el 9 de enero un proyecto de ley, conocido como STOP MADURO, que propone aumentar la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, a 100 millones de dólares. Esta cifra supera con creces los 15 millones ofrecidos por la DEA en 2020 durante la administración de Donald Trump y los 25 millones aprobado por Biden actualmente.

Según Scott, es el momento de "subir la apuesta" en la lucha contra lo que él describe como una "tiranía" encabezada por Maduro, quien se ha juramentado para un nuevo período presidencial en Venezuela, a pesar de las controversias sobre las elecciones de julio de 2024. En su propuesta, Scott subraya que el dinero para esta recompensa provendría de los bienes incautados a funcionarios del régimen chavista en lugar de utilizar fondos públicos de Estados Unidos.

El proyecto de ley, que fue anunciado previamente en septiembre de 2024, busca incrementar el monto de la recompensa para maximizar las oportunidades de pago a quienes proporcionen información sobre la captura de Maduro y otros funcionarios del régimen venezolano involucrados en actividades ilegales, incluido el narcotráfico.

El senador argumenta que las políticas del chavismo, que han destruido la economía venezolana y socavado las libertades democráticas, deben terminar. “Las dictaduras de Maduro y Chávez han acabado con la industria petrolera, mataron la economía y quitaron la libertad al pueblo venezolano. Esto tiene que terminar”, afirmó Scott en su mensaje.

El proyecto de ley fue impulsado en conjunto con otros senadores de Florida, incluidos Marco Rubio, y tiene como objetivo la detención de altos funcionarios del régimen. La recompensa de 100 millones de dólares sería financiada con activos incautados a personas vinculadas al gobierno venezolano que enfrentan cargos criminales en Estados Unidos. Según la Fiscalía del Sur de Florida, estos activos alcanzan un total de aproximadamente 450 millones de dólares.

Este aumento de la recompensa se presenta en un contexto de tensiones políticas. A principios de este año, el régimen de Maduro ofreció una recompensa por la captura de Edmundo González Urrutia, quien se autoproclamó presidente de Venezuela, pero ha sido forzado al exilio tras la derrota electoral.

El proyecto de ley continúa ganando apoyo entre legisladores que buscan presionar al régimen de Maduro, mientras que la comunidad internacional observa atentamente la situación política en Venezuela.

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